El decreto de ratios de 0 a 3 años entra en la recta final: máximo cuatro bebés por educadora y aplicación progresiva desde 2027

La consulta pública del decreto estatal que regulará por primera vez las ratios del primer ciclo de Educación Infantil termina el próximo 10 de julio. La norma, presentada por la Secretaría de Estado de Educación a los sindicatos el 24 de junio, fija un máximo de cuatro bebés menores de un año por educadora, seis niños en las aulas de uno a dos años y ocho en las de dos a tres. Es la primera vez que el Estado establece una regulación básica común para toda España sobre la relación adulto-alumnado en un ciclo hasta ahora regulado únicamente por cada comunidad autónoma.

De ratios reales de 20 alumnos a un tope estatal común

El punto de partida que reconoce el propio Ministerio es que hoy conviven ratios muy dispares y, en algunos casos, límites autonómicos de hasta ocho bebés menores de un año por profesional, trece niños en aulas de uno a dos años y hasta veinte en las de dos a tres. El decreto rebaja esos topes de forma escalonada y los homogeneiza para toda España, con el objetivo declarado de garantizar una mejora en las instalaciones y en la relación entre alumnado, profesorado y unidad escolar en un ciclo que no es obligatorio pero al que asisten cada vez más familias.

Aplicación entre 2027-28 y 2029-30 para dar margen a la red

La entrada en vigor será progresiva. En el curso 2027-28 se aplicarán los nuevos topes en los primeros tramos de edad, y en los cursos posteriores se irán incorporando el resto de aulas hasta completar la aplicación en el curso 2029-30. Esa gradualidad, según el planteamiento del Ministerio, busca que las administraciones autonómicas y los centros públicos, concertados y privados dispongan de tres cursos para adaptar plantillas, contrataciones y espacios sin cierres bruscos.

Sindicatos lo respaldan, la escuela concertada avisa de cierres

Los sindicatos docentes han calificado la propuesta de "mejora histórica" y "muy ambiciosa" y han pedido acompañarla de financiación específica para cubrir el sobrecoste en centros públicos. Del otro lado, patronales del sector como Escuelas Católicas y la asociación Escuela Excelente han advertido de que, sin refuerzo de la financiación autonómica, el nuevo tope puede provocar el cierre de una parte de las escuelas privadas y concertadas de 0 a 3 años, incapaces de absorber el aumento de plantilla sin subir cuotas.

Las comunidades autónomas trasladan mensajes desiguales. Galicia ha alertado de que la bajada de ratios amenaza la gratuidad del ciclo que ha desplegado en los últimos años. La Comunidad de Madrid, por su parte, había pedido antes al Ministerio una regulación estatal para acabar con la disparidad entre territorios.

Una ventana de diez días para alegaciones antes del texto definitivo

Hasta el 10 de julio, cualquier organización representativa puede presentar observaciones al borrador a través del portal de participación del Ministerio. Con las alegaciones incorporadas, el texto pasará al Consejo Escolar del Estado y a las mesas sectoriales antes de su aprobación como real decreto. La combinación de calendario ajustado, entrada en vigor escalonada y bloque autonómico dividido convierte la fase que empieza tras el 10 de julio en el momento clave para definir con qué financiación llegan los nuevos topes al aula.