El Ministerio de Educación ha trasladado a los sindicatos el borrador de un nuevo decreto que reduce a la mitad las ratios máximas de alumnos por aula en el primer ciclo de Educación Infantil, el tramo de 0 a 3 años. El texto fija un tope de cuatro niños por educadora en las clases de menores de un año, seis en el aula de 1 a 2 años y ocho en la de 2 a 3 años. Las cifras suponen una rebaja drástica frente a las ratios actuales, que en algunos modelos autonómicos llegan a ocho bebés, trece niños y veinte niños respectivamente.
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La iniciativa es la primera reforma estatal de las ratios del primer ciclo de Infantil y llega tras meses de movilizaciones de las educadoras infantiles, con paros estatales y huelga indefinida en la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de abril. Para escuelas, centros educativos y operadores del sector, la propuesta abre un cambio normativo de gran calado que reordena la oferta privada, concertada y pública del tramo más sensible y precario del sistema educativo.
Calendario progresivo hasta 2029-2030
El decreto no exigirá convalidación parlamentaria y podría entrar en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros. Su aplicación, sin embargo, será gradual: las nuevas ratios serán de aplicación desde el curso escolar 2027-2028 para el primer curso del ciclo, extendiéndose progresivamente a los cursos segundo y tercero, con plena vigencia al inicio del curso 2029-2030.
El propio borrador reforma el real decreto 132/2010 sobre requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, ampliándolo ahora al primer ciclo de Infantil, que hasta el momento carecía de una ratio máxima de ámbito estatal.
Requisitos materiales más exigentes
Más allá del número de alumnos, el decreto endurece las condiciones materiales de los centros del primer ciclo. Las escuelas deberán contar con un mínimo de tres unidades, un aula por unidad con un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar y, en el caso de las clases con menores de dos años, áreas diferenciadas para el descanso y la higiene.
El texto exige además una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, un patio de juegos de uso exclusivo del centro con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados y horarios diferenciados para las distintas edades. Cada sala destinada a niños de 2 a 3 años deberá disponer de un aseo accesible desde la propia aula con dos lavabos y dos inodoros, más un aseo independiente para el personal.
Reforma extendida a Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
El borrador no se limita al tramo 0-3. El Ministerio propone 20 alumnos por aula como máximo en el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, frente a los 25 actuales, con entrada en vigor en 2027-2028 para el primer curso de la etapa. La reducción se extiende a Primaria, donde el tope baja de 25 a 22 alumnos por clase, y a Secundaria, que pasa de 30 a 25, dependientes del proyecto de ley que se tramita en el Congreso. En Bachillerato, la ratio se rebaja de 35 a 30 estudiantes por aula.
El conjunto de la reforma, según el departamento que dirige la ministra Milagros Tolón, completaría una bajada histórica de ratios en toda la etapa preuniversitaria y permitiría al Estado fijar un marco mínimo común al que las comunidades autónomas, titulares directos de la competencia educativa, deberán ajustarse.
Reacciones del sector: sindicatos celebran, patronal privada alerta del cierre
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha valorado la propuesta positivamente y ha situado como principal objeción que la implantación sea progresiva entre los cursos 2027-2028 y 2029-2030. Otros sindicatos comparten el sentido de la medida pero reclaman acelerar el calendario.
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, Acade, ha emitido un comunicado en el que advierte del cierre potencial del cien por cien de las 5.345 escuelas infantiles privadas si se confirma la reducción de ratios, al considerar que el incremento de costes resulta inasumible para las familias y para los propios centros. La patronal ha pedido al Ministerio reabrir el diálogo y analizar el impacto económico antes de aprobar el decreto.
Implicaciones para el ecosistema educativo
El cambio normativo, si se aprueba en los términos planteados, obligará a redimensionar plantillas, espacios e infraestructuras en miles de centros. La concertada y la privada, especialmente vulnerables al alza de costes laborales, deberán revisar modelos de financiación, mientras que las administraciones autonómicas tendrán que dimensionar la red pública para absorber demanda y cumplir la nueva ratio. Para los responsables de escuelas, operadores de formación y inversores en el sector educativo, el calendario 2027-2030 marca el horizonte sobre el que planificar capacidad, plantillas y precios.
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