El Congreso de los Diputados rechazó el pasado jueves las dos enmiendas a la totalidad que PNV y Junts habían presentado contra el proyecto de ley que reduce las ratios y la jornada docente. Con 329 votos en contra, 11 a favor y 7 abstenciones, la norma del Ministerio de Educación supera su primer obstáculo parlamentario y continuará tramitación. La votación retrata además un alineamiento poco habitual: PP y Vox dejaron caer las enmiendas de los socios habituales del Gobierno, una decisión que da aire al ministerio que dirige Milagros Tolón y deja viva una reforma que, de salir adelante, modifica de raíz la organización de las aulas y los horarios del profesorado en toda España.
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329 votos contra 11 sacan adelante la tramitación
La votación dejó un resultado contundente: 329 diputados rechazaron las enmiendas, 11 las apoyaron (los grupos de Junts y PNV) y otros 7 se abstuvieron (ERC). Con ese voto, el proyecto recupera el calendario que el Consejo de Ministros le había fijado cuando lo aprobó en segunda vuelta hace dos meses. La iniciativa parte del compromiso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado septiembre en un centro de Getafe, cuando se comprometió a rebajar la carga lectiva del profesorado y las ratios en las aulas.
Máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria
El texto del proyecto fija un techo legal de 22 alumnos por aula en Primaria, frente a los 25 actuales, y de 25 en la ESO, frente a los 30 vigentes. Es la primera vez que un marco estatal blinda esos topes con carácter general para todas las comunidades autónomas. Hasta ahora las ratios se regulaban por norma autonómica, con diferencias notables entre territorios, y la nueva ley se aplicará como umbral mínimo común que ninguna autonomía podrá rebasar sin contar con cobertura legal estatal.
23 horas lectivas en Primaria, 18 en Secundaria y Bachillerato
En el capítulo dedicado al profesorado, la norma establece un máximo de 23 horas lectivas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en ESO, Bachillerato y Formación Profesional. La medida tiene un alcance muy desigual sobre el terreno: la mayoría de comunidades, sobre todo las gobernadas por el PP, ya habían rebajado por su cuenta a esos mismos topes durante los últimos cursos. El cambio que introduce la ley es, ante todo, un blindaje legal que impedirá retrocesos futuros.
PNV y Junts plantean un veto competencial, no de fondo
Las dos enmiendas a la totalidad coincidieron en un punto: ninguna cuestionaba el contenido material de la reforma, sino su encaje competencial. Junts admite en su texto que objetivos como la mejora de las condiciones docentes, la reducción de ratios o el refuerzo del sistema educativo pueden ser legítimas e incluso compartidas, pero defiende que la iniciativa invade competencias del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Grupo Parlamentario Vasco hizo una crítica paralela, alegando ausencia de cooperación institucional real con el País Vasco durante la elaboración del proyecto.
PP y Vox bloquean las enmiendas y dejan viva la ley
El elemento más comentado de la sesión fue la posición de PP y Vox, que decidieron no respaldar las enmiendas pese a no comprometerse con la ley. Fuentes populares argumentaron que el contenido de las enmiendas de Junts y PNV se reducía a una reclamación de descentralización que el partido no estaba dispuesto a apoyar. El proyecto sigue ahora su camino en comisión, mientras dos frentes editoriales continúan presionando al ministerio: las escuelas infantiles, excluidas de la norma, y la enseñanza concertada, que tampoco se ve beneficiada por la mejora de condiciones laborales que se pacta para los centros públicos.
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