La Xunta de Galicia ha presentado una propuesta para reformar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que introduce la doble revisión obligatoria de cada modelo de examen, refuerza el peso del profesorado de Secundaria en la elaboración de las pruebas y crea una nueva estructura de coordinación entre la Administración autonómica y las tres universidades públicas gallegas. El Gobierno gallego sostiene que el objetivo es garantizar que sus estudiantes compitan en igualdad de condiciones con el resto del alumnado del Estado y reducir el riesgo de incidencias como las registradas en la convocatoria de este año.
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Dos órganos para coordinar todo el proceso
La reforma contempla la creación de una nueva estructura institucional compuesta por dos órganos diferenciados. Por un lado, una Comisión Organizadora, adscrita a la Consellería de Educación y formada por representantes de la Xunta y de las tres universidades públicas gallegas, asumirá las funciones estratégicas: establecer criterios y protocolos comunes, supervisar el trabajo de los grupos de elaboración y velar por una aplicación homogénea de la normativa.
Por otro lado, una Comisión Técnica se ocupará de las tareas operativas y logísticas, incluyendo la elaboración, custodia, distribución y corrección de los exámenes. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) continuará desarrollando estas funciones, ahora integrada en un marco de coordinación más amplio que contempla la presencia efectiva de la Administración autonómica.
Más peso del profesorado de Secundaria
Uno de los cambios de mayor calado afecta a los grupos de trabajo encargados de redactar los exámenes. La propuesta simplifica su composición para integrarlos por dos docentes universitarios y cuatro representantes del profesorado de Secundaria. Además, la dirección de estos equipos podrá recaer tanto en profesorado universitario como no universitario, una medida con la que la Xunta busca reforzar el papel de los docentes de Bachillerato, a quienes considera los profesionales que mejor conocen el currículo que se evalúa en la prueba.
La elaboración de los exámenes pasará a ser colegiada, sobre la base de criterios y directrices comunes fijados por la Comisión Organizadora. La idea es que todos los integrantes del grupo participen de forma efectiva en el diseño, la revisión y la evaluación de las pruebas, en lugar del funcionamiento diverso que la Consellería atribuye al modelo actual.
Doble revisión obligatoria de cada ejercicio
El núcleo técnico de la reforma es la implantación de un sistema de doble revisión. Cada ejercicio será conocido inicialmente por dos personas, la redactora y la revisora. En caso de detectarse dudas o discrepancias, ambas abrirán un proceso de revisión cooperativa hasta alcanzar una versión validada por las dos partes. Esa versión se remitirá después a la dirección del grupo de trabajo para su análisis final.
La CIUG ya había planteado en 2024 una fórmula de doble verificación, aunque la Consellería considera que aquel modelo presentaba problemas técnicos y jurídicos. La propuesta actual busca convertir esta revisión en un procedimiento obligatorio y sistemático para todas las materias, con el objetivo de evitar incidencias como las detectadas en exámenes concretos de la última PAU.
Bancos de ejercicios verificados
La reforma incorpora la creación de bancos de ejercicios previamente validados por los grupos de trabajo, a partir de los cuales se elaborarán las pruebas definitivas de cada convocatoria. Es una herramienta utilizada ya en procesos selectivos como las oposiciones docentes o el examen MIR. Según la Xunta, este sistema permitirá mejorar la calidad técnica de los exámenes, aumentar la trazabilidad del proceso y avanzar hacia una mayor homogeneidad en aspectos como la dificultad, la extensión o el tiempo de resolución.
Aplicación a partir de la próxima convocatoria
El Gobierno gallego sostiene que la propuesta no surge únicamente como respuesta a las polémicas de la última PAU, sino que forma parte de una línea de trabajo dirigida a adaptar la normativa gallega al marco fijado por el Real Decreto estatal de 2024. El texto se trasladará de forma inmediata a las tres universidades públicas gallegas con la intención de que una parte muy significativa de las medidas pueda aplicarse ya en la convocatoria del próximo año.
Para el alumnado de Bachillerato, la reforma plantea un cambio relevante en cómo se diseñan, revisan y validan las pruebas que condicionan su acceso a la universidad. Para el sector educativo gallego, abre además un debate sobre el reparto de competencias entre la Administración autonómica y las universidades en un proceso que hasta ahora descansaba mayoritariamente en estas últimas.
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