La falta de quórum en la Conferencia de Política Universitaria paraliza 150 millones del programa María Goyri

El pleno de la Conferencia General de Política Universitaria convocado el 29 de julio quedó suspendido por falta de quórum, al ausentarse once comunidades autónomas, y con él quedó paralizada la tramitación de la transferencia de 150 millones de euros correspondientes a la financiación de 2026 del programa María Goyri, destinado a cofinanciar la contratación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades comunicó por carta a los consejeros autonómicos que la tramitación queda detenida y que ya no puede garantizar que los recursos lleguen a las comunidades en los plazos inicialmente previstos. Para los equipos de dirección universitaria, el bloqueo afecta de forma directa a la planificación de plantillas del próximo curso.

Un trámite ratificatorio que no llegó a celebrarse

El reglamento de la Conferencia exige la presencia de la mitad más una de las comunidades para constituir válidamente el pleno. La sesión, convocada de forma telemática y con una duración prevista que no superaba los treinta minutos, tenía únicamente dos puntos en el orden del día y debía ratificar un acuerdo de reparto ya aprobado por unanimidad en la comisión delegada, iniciando así el procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos. El propio reglamento permite que el consejero sea sustituido por otro alto cargo del departamento en caso de ausencia. Las comunidades ausentes habían solicitado el aplazamiento de la sesión por la situación de emergencia derivada de los incendios forestales que afectan a varios puntos del país; el Ministerio respondió por escrito que existían mecanismos suficientes para celebrar el pleno sin interferir en la gestión de la emergencia.

Qué es el programa María Goyri y a cuántos contratos afecta

El programa María Goyri es una iniciativa estatal para cofinanciar, junto con las comunidades autónomas, la contratación de profesorado ayudante doctor —la primera figura de la carrera docente universitaria— en las universidades públicas, una necesidad derivada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que los centros no pueden afrontar con sus propios medios. La financiación de 2026 en juego cubre en torno a 3.400 contratos en el conjunto del sistema. El esquema de cofinanciación entre ambas administraciones es inédito, dado que las competencias universitarias están transferidas y el Estado no financiaba contrataciones docentes desde su traspaso. Entre los importes autonómicos pendientes figuran, por ejemplo, 21 millones para las universidades andaluzas y 3,8 millones que espera la Universidad de Zaragoza.

Los fondos no se pierden, pero el calendario ya no es viable

El Ministerio precisó que los fondos no se pierden y que retomará la tramitación tan pronto como sea posible, aunque advirtió de que cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen para que lleguen con la agilidad prevista: tras el pleno debían completarse varios trámites internos antes de ordenar la transferencia, y después cada comunidad debía ejecutar sus propios procedimientos para hacer llegar los recursos a sus universidades. No hay fecha para retomar el proceso. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas advirtió de que la paralización genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de los docentes previstos para el próximo curso.

La sectorial de Educación, también sin celebrarse

La misma jornada quedó igualmente sin celebrarse la Conferencia Sectorial de Educación, lo que dejó sin activar 31 millones de euros destinados a la Formación Profesional y a la educación inclusiva. Para las instituciones de formación superior, públicas y privadas, el episodio tiene una lectura operativa: la financiación estatal condicionada a órganos de coordinación multilateral introduce un riesgo de calendario que conviene incorporar a la planificación de contrataciones y de oferta académica del curso 2026-2027, con independencia de cuándo se reanude la tramitación.