Los centros de datos deberán cubrir el 80% de su consumo con nuevas renovables

El Consejo de Ministros dio luz verde el 25 de agosto a la tramitación urgente de un proyecto de real decreto que fijará, para los centros de datos, las condiciones de sostenibilidad energética y medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital. El texto se abrió a audiencia pública el 27 de agosto y admite alegaciones hasta el 4 de septiembre. Para las compañías que ya han comprometido inversiones en España, la norma redefine las condiciones de entrada justo cuando se acelera la llegada de proyectos ligados a la inteligencia artificial.

Cada megavatio consumido exigirá un megavatio renovable nuevo

La obligación central es que al menos el 80% del consumo energético de estas instalaciones proceda de fuentes renovables, medido hora a hora y no como promedio del ejercicio. A ese requisito se suma el principio de adicionalidad: cada nuevo megavatio consumido deberá ir acompañado de un megavatio renovable que se haya instalado durante los 18 meses previos al arranque de la instalación, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos de compra de energía a largo plazo (PPA). El criterio que sostiene esa exigencia es que estas instalaciones no absorban capacidad renovable destinada a otros consumos ni terminen empujando al alza la demanda de gas.

El real decreto ha sido desarrollado de forma conjunta por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y Función Pública. La norma recoge el mandato de la disposición adicional primera del Real Decreto 7/2026, que ya preveía un marco normativo de obligado cumplimiento para el sector.

El umbral de un megavatio deja fuera a los centros ya operativos

El texto se aplicará a los centros de datos de más de 1 MW de potencia y no afectará a los que ya están funcionando, sino a los que se encuentran en desarrollo o en construcción. Los proyectos en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse y acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Ese plazo se reducirá a la mitad para los que permanezcan a la espera de un concurso de acceso a la red, y quien no lo consiga tendrá que renunciar a los derechos ya obtenidos, aunque sin ver ejecutadas las garantías.

Quien no cumpla se expone a perder los permisos de acceso y conexión a la red, o bien a soportar cargos y peajes económicos. Lo recaudado por esa vía servirá para compensar el sobrecoste que el incumplimiento traslade al sistema y, en última instancia, a la factura eléctrica.

Etiqueta A europea y reporte anual de eficiencia al Ministerio

En eficiencia, los nuevos centros deberán lucir la etiqueta A del sistema europeo de etiquetado de centros de datos que desarrolla la Comisión Europea y cuya entrada en vigor se prevé para agosto de 2027, en un esquema similar al que ya se aplica a los electrodomésticos. Las instalaciones de más de 500 kW tendrán que remitir al Ministerio para la Transición Ecológica sus datos de eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación anual, conforme al Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. Las de más de 1 MW deberán además detallar en qué grado siguen las buenas prácticas recogidas en la última versión del código de conducta europeo sobre eficiencia energética.

El capítulo de soberanía digital obliga a que la entidad que opere la infraestructura esté establecida en la Unión Europea, a que los datos, metadatos y registros tratados permanezcan en territorio comunitario y a que se controle de manera efectiva el acceso desde terceros países. El cumplimiento se acreditará mediante una declaración responsable de obligado cumplimiento.

La patronal teme quedar en desventaja frente a otros mercados europeos

Tras el anuncio, el Ejecutivo convocó a la patronal sectorial, la Asociación Española de Data Centers (SpainDC), y a Ametic, que agrupa a la industria digital. SpainDC comparte los objetivos principales de la propuesta, pero ha trasladado su preocupación por algunos de los planteamientos y pide que esas metas se alcancen con una norma proporcionada, viable en lo técnico y coherente con lo que ya rige en la Unión Europea, con la prudencia de analizar el texto en detalle antes de una valoración definitiva. Su inquietud es que las nuevas exigencias dificulten la viabilidad de proyectos, generen inseguridad sobre inversiones ya planificadas o desvíen capital hacia otros países de la Unión que compiten por las mismas operaciones.

Desde el sector eléctrico, Aelec considera positivo que se ordene la actividad y subraya que el marco tiene que ofrecer certidumbre jurídica y reglas predecibles para que las inversiones lleguen a ejecutarse. Ametic incide en evitar fragmentaciones que resten competitividad al sector. El Gobierno de Aragón, comunidad que concentra buena parte de los proyectos en cartera, ha lamentado que no se haya contactado con las comunidades autónomas para dar a conocer la propuesta normativa.

El desajuste que la norma pretende ordenar está en las cifras de red. La Estrategia de Inteligencia Artificial publicada en 2024 estimaba una potencia de computación de unos 2,5 GW para 2030, mientras que desde 2021 se han otorgado más de 12 GW de permisos de acceso y conexión. Con esa distancia entre lo planificado y lo solicitado, el Ejecutivo sostiene que España está en disposición de escoger los mejores proyectos. La fase de alegaciones, abierta hasta el 4 de septiembre, medirá cuánto de ese margen resiste el contraste con el sector.