El BOE publica el real decreto que desbloquea 17.900 millones adicionales para las redes eléctricas hasta 2030

El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes el Real Decreto 640/2026, de 29 de julio, que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y autoriza una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de julio, responde a la constatación de que los límites vigentes de inversión con cargo al sistema eléctrico —el 0,065% del PIB nominal previsto para cada año en transporte y el 0,13% en distribución— se han quedado cortos frente a las necesidades de la transición energética y al volumen de solicitudes de acceso de nueva demanda industrial y residencial.

7.700 millones para transporte y 10.200 para distribución, con calendario anual

El importe adicional se reparte en dos bloques. La red de transporte, gestionada por Red Eléctrica, podrá acometer hasta 7.700 millones de euros extra, distribuidos en 700 millones en 2027, 1.850 en 2028, 2.300 en 2029 y 2.850 en 2030. Las redes de distribución, en las que operan principalmente Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, disponen de hasta 10.200 millones adicionales: 1.020 millones en 2027, 2.550 en 2028, 3.060 en 2029 y 3.570 en 2030. Sumando estas cantidades a las inversiones permanentes ligadas al PIB y a la financiación europea, el gasto total en redes eléctricas hasta el final de la década podría superar los 35.000 millones de euros.

Hasta un 20% de la inversión en distribución irá a ciberseguridad y telecontrol

La norma no se limita a ampliar los importes: acota en qué se puede gastar. En distribución, hasta un 20% de la inversión adicional podrá destinarse a control de tensión, telemando, observabilidad y ciberseguridad de la red; otro 20% a inversiones anticipatorias en zonas donde la red actual resulta insuficiente para atender nueva demanda; y hasta un 10% en cada caso a protección de la avifauna y a resiliencia frente a fenómenos climáticos. Según las estimaciones del Gobierno, cada millón de euros invertido en redes genera en torno a 1,27 millones de valor añadido y unos 20 puestos de trabajo.

Consulta previa obligatoria y planes de inversión públicos

El real decreto introduce además un cambio de procedimiento relevante para las compañías: antes de elaborar sus planes, deberán abrir un proceso de consulta que permita a la industria y a los potenciales consumidores manifestar su interés en nuevas conexiones. Los planes aprobados tendrán que publicarse en internet en el plazo máximo de un mes desde su notificación, y las empresas quedarán obligadas a difundir informes públicos de cumplimiento que detallen la capacidad de acceso concedida y denegada por tipologías. El objetivo declarado es aumentar la transparencia y el control del proceso inversor y reducir la incertidumbre sobre su ejecución.

La congestión de la red, cuello de botella para industria y vivienda

La ampliación llega en un contexto en el que la saturación de la red se ha convertido en un freno tangible a proyectos industriales y a nuevos desarrollos residenciales, que en algunas zonas no obtienen punto de conexión. Para las empresas con proyectos de electrificación, centros de datos o promociones en cartera, el calendario del decreto ofrece una referencia concreta: los primeros importes adicionales llegan en 2027 y el grueso del despliegue se concentra en 2029 y 2030. Para las compañías de redes cotizadas, la norma define el marco retributivo y de control con el que tendrán que planificar el mayor ciclo inversor en infraestructura eléctrica de la década.