El MICIU preconcede 202,7 millones para 166 proyectos de I+D con empresas

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación, ha publicado el 27 de julio de 2026 la propuesta de resolución provisional de la convocatoria 2025 de ayudas a proyectos de colaboración público-privada. En total se han preconcedido 202,7 millones de euros para 166 proyectos, en los que participan 490 centros pertenecientes a 333 entidades diferentes. Se trata de una resolución provisional, no definitiva, por lo que las cifras por beneficiario pueden variar antes del cierre del procedimiento. Para las empresas españolas con actividad de I+D, la convocatoria es uno de los instrumentos estatales de financiación directa de desarrollo experimental con calendario y dotación conocidos, y su reparto ofrece una fotografía útil de dónde se está concentrando la inversión pública en innovación aplicada.

Préstamo y subvención casi al 50%

El diseño financiero de la convocatoria combina dos instrumentos en proporciones muy similares. De los 202,7 millones preconcedidos, 102,9 millones corresponden a préstamo y 99,8 millones a subvención. Esta estructura mixta condiciona el impacto contable de la ayuda para la empresa beneficiaria: la parte subvencionada no genera pasivo, mientras que la financiada vía préstamo sí incorpora una obligación de devolución en el balance. Los proyectos financiados son de desarrollo experimental y tienen una duración de tres años, en colaboración entre centros de investigación, universidades, organismos públicos de investigación y empresas. El objetivo declarado de la línea es impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas y la creación de productos y servicios innovadores.

Las empresas concentran la mayoría de las ayudas

Por perfil de beneficiario, el reparto se inclina claramente hacia el sector privado. Las empresas acumulan 215 de las ayudas preconcedidas, seguidas de fundaciones, asociaciones y consorcios, con 150; universidades, con 98; y órganos o centros públicos de I+D, con 27. La suma coincide con los 490 centros participantes en el conjunto de los 166 proyectos, lo que indica que cada proyecto agrupa de media a tres entidades. Esa arquitectura de consorcio es la que define la línea: el acceso a la financiación exige que la empresa concurra junto a al menos un agente del sistema público de investigación, de modo que la capacidad de generar alianzas estables con universidades y centros tecnológicos se convierte en un requisito operativo y no solo en un mérito adicional.

Biomedicina y TIC lideran por número de proyectos

La distribución sectorial muestra una concentración marcada en dos áreas. La biomedicina lidera la convocatoria con 128 proyectos, seguida de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con 80. A continuación figuran producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad, con 60 proyectos; ciencias agrarias y agroalimentarias, con 50; ciencias y tecnologías de materiales, con 45; energía y transporte, con 41; y biociencias y biotecnología, con 24, entre otras áreas. El peso conjunto de biomedicina y del ámbito digital sobre el total refleja que la demanda solvente de proyectos con socio empresarial se está formando sobre todo en salud y en tecnología, dos sectores donde el ciclo entre resultado de investigación y producto comercializable es comparativamente más corto.

Cataluña y Madrid concentran más de la mitad de la financiación

El reparto territorial de los importes sitúa a Cataluña en primera posición con 64,4 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 45,3 millones. Detrás aparecen Galicia, con 22,3 millones; el País Vasco, con 16,7 millones; la Comunitat Valenciana, con 14,4 millones; y Andalucía, con 12,9 millones de euros. La distribución por número de ayudas mantiene un orden equivalente: Cataluña suma 135 ayudas, Madrid alcanza 101, Galicia contabiliza 49, la Comunitat Valenciana 46, el País Vasco 41 y Andalucía 40. Los dos primeros territorios acaparan, por tanto, algo más de la mitad del importe total preconcedido, una concentración coherente con la localización del tejido de centros de investigación y de empresas con departamento de I+D estructurado.

Qué implica para la empresa que concurre

Al tratarse de una propuesta de resolución provisional, el procedimiento continúa abierto y las entidades afectadas disponen del trámite correspondiente antes de la resolución definitiva. Para las direcciones financieras y de innovación, el calendario relevante es doble: por un lado, la ejecución a tres años que impone la propia convocatoria, con la planificación de tesorería y de personal investigador que conlleva; por otro, la naturaleza mixta de la ayuda, que obliga a diferenciar en la previsión el tramo subvencionado del tramo crediticio. El patrón que dibuja esta edición —predominio empresarial entre los beneficiarios, concentración sectorial en salud y tecnología digital, y polarización territorial en los dos grandes ejes— es la referencia más actualizada disponible para quien esté preparando su concurrencia a próximas convocatorias del mismo programa.