Los contratos públicos europeos podrán excluir ofertas sin reciprocidad

La Comisión Europea presentó el miércoles la reforma de la contratación pública comunitaria, un paquete legislativo que afecta a un mercado que mueve cada año en torno a 2,6 billones de euros, alrededor del 15% del producto interior bruto de la Unión. El cambio de fondo es que las administraciones que convocan concursos, desde un ayuntamiento hasta un Estado miembro, pasarán a disponer de una base jurídica explícita para descartar ofertas procedentes de terceros países que no abren su propia contratación a las empresas europeas. El Ejecutivo comunitario acompañó esa reforma de una segunda iniciativa, el reglamento que desarrollará la Ley Europea de Innovación, con la que lleva el mismo principio a las licitaciones de investigación y desarrollo.

Descartar una oferta sin acuerdo de reciprocidad deja de ser un riesgo judicial

Hasta ahora, un comprador público que quisiera excluir a un licitador extranjero se movía en terreno incierto: la ausencia de un mecanismo jurídico claro convertía cualquier exclusión en candidata a litigio. La propuesta clarifica qué operadores y qué productos están amparados por acuerdos internacionales de contratación pública y cuáles quedan fuera. China no mantiene un compromiso de reciprocidad con la Unión Europea, de modo que las administraciones nacionales, regionales y locales podrán descartar esas ofertas de forma directa y con seguridad jurídica. Para evitar que productos de procedencia extracomunitaria accedan a las licitaciones por vía indirecta, el texto incorpora además un sistema de verificación telemática que permitirá a las administraciones contrastar de dónde sale realmente aquello que compran.

La exclusión es potestativa salvo en energía, industria limpia y automoción

El matiz relevante para las empresas que concurren a concursos es que la norma reparte esa capacidad de exclusión en dos regímenes distintos. Con carácter general, las autoridades nacionales y regionales tendrán la potestad de rechazar esas ofertas, o directamente de no llegar a valorarlas, cuando procedan de terceros países sin acuerdo de reciprocidad, pero no la obligación de hacerlo: el Ejecutivo comunitario ha optado por la flexibilidad y no por el automatismo. Hay tres ámbitos considerados estratégicos donde la prioridad europea sí opera como requisito y viene ya recogida en la Ley de Aceleración Industrial: las energías limpias, la automoción con su cadena de valor y la industria intensiva en consumo energético. La consecuencia práctica es que el mapa de oportunidades de un proveedor extracomunitario dependerá del sector y, fuera de esos ámbitos, del criterio de cada administración contratante.

Un portal único con traducción automática y 650 millones de ahorro anual

El segundo pilar de la reforma es la creación de una macroplataforma que conectará en un solo punto de acceso todas las plataformas nacionales y regionales de contratación. Una empresa tendrá que registrarse una única vez para poder licitar en cualquier Estado miembro, en lugar de darse de alta en cada portal nacional cada vez que quiera presentarse. Todas las licitaciones publicadas se traducirán de forma automática a las lenguas oficiales de la Unión, algo que abre el mercado transfronterizo a las pequeñas y medianas empresas que hoy no pueden costear el rastreo jurídico de concursos en otros mercados. La Comisión cifra el ahorro administrativo en unos 650 millones de euros al año, de los cuales alrededor de 570 millones corresponden a las empresas y 80 millones a los compradores públicos.

La publicación en la plataforma será obligatoria para los concursos que superen los umbrales que fija la Organización Mundial del Comercio en su Acuerdo sobre Contratación Pública, un volumen que ronda los 600.000 millones de euros; por debajo de esas cuantías quedará como opcional. Defensa queda fuera del alcance de la iniciativa, al contar con procedimiento propio por razones de seguridad común. Hay un objetivo adicional de control: más del 30% de la contratación pública europea carece hoy de datos registrados, y el Ejecutivo comunitario sostiene que con el nuevo sistema quedará trazada la totalidad de las ofertas.

El 50% de la I+D contratada tendrá que ejecutarse dentro de la Unión

La propuesta de reglamento de innovación lleva la preferencia europea al terreno de la investigación. Reserva la participación en las licitaciones públicas de I+D a operadores de Estados miembros o de territorios con compromisos específicos de apertura en esta materia, una lista que incluye a los del Espacio Económico Europeo y a los Balcanes Occidentales, dado que los acuerdos comerciales vigentes no cubren la contratación de investigación. Como mínimo el 50% de la actividad investigadora contratada tendrá que ejecutarse en territorio de la Unión, porcentaje que sube hasta el 100% cuando se trata de componentes de seguridad crítica, y la adjudicación deberá otorgar al menos un 15% del peso a la integración de tecnología desarrollada dentro del bloque. Si no concurren ofertas suficientes o los costes resultan desproporcionados, las licitaciones podrán abrirse a terceros con acuerdo de contratación pública.

El punto de partida es modesto. La contratación pública de I+D en la Unión ronda los 17.000 millones de euros, apenas un 0,6% de cuanto licitan las administraciones europeas y muy lejos del 5% que dedican a esa partida otras economías líderes, según los cálculos del propio Ejecutivo comunitario. Ese diferencial es el argumento con el que Bruselas justifica intervenir sobre la demanda pública de innovación para frenar la fuga de talento y de proyectos hacia Estados Unidos.

Las patentes podrán funcionar como garantía financiera

La misma norma aborda un problema recurrente para las compañías intensivas en conocimiento: los activos de propiedad intelectual, empezando por las patentes, resultan difíciles de valorar en términos financieros y, por tanto, poco útiles a la hora de conseguir crédito. El texto crea un mercado europeo donde comprarlos y venderlos, y habilita su uso como garantía, con la previsión de que por esa vía se movilicen 10.200 millones anuales.

Nada de esto es todavía derecho aplicable: son propuestas legislativas que deben negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo, un recorrido que rara vez baja de los dos años y que suele mover los porcentajes por el camino. Para las direcciones comerciales y de desarrollo de negocio que trabajan con el sector público, el mensaje operativo difiere según el punto de partida: quien fabrica o investiga dentro de la Unión gana previsibilidad y un acceso más barato a los concursos de otros Estados miembros, mientras que quien depende de cadenas de suministro extracomunitarias tendrá que poder documentar el origen de lo que ofrece bastante antes de presentarse a una licitación.