El Ministerio de Educación ultima un real decreto que reordena la actividad de la Formación Profesional privada en España y que afectará a los 1.417 centros que actualmente operan bajo esta modalidad. La norma, cuyo primer borrador está previsto para finales de julio y cuya aprobación se proyecta para el último trimestre del año, fija una batería de requisitos técnicos y académicos que los centros deberán cumplir para poder seguir impartiendo titulaciones oficiales.
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Una FP privada que ya escolariza al 35% del alumnado
La FP privada concentra cerca del 35% del alumnado matriculado en estudios de Formación Profesional en España. La reforma se articulará a través de un real decreto, lo que evita la convalidación parlamentaria y abre la vía a una tramitación acelerada. El Gobierno justifica la norma como un mecanismo para garantizar la calidad académica y evitar la proliferación de centros con oferta limitada, en línea con el decreto aprobado el pasado octubre para las universidades privadas.
Mínimos de oferta y veto a la especialización de nicho
Uno de los ejes centrales del proyecto es la exigencia de una oferta mínima por centro. Cada centro deberá impartir al menos dos familias profesionales con dos ciclos en cada una de ellas, ya sean básicos, medios o superiores, o bien un itinerario completo dentro de una única familia profesional. La consecuencia directa es que los centros monotemáticos, que ofertan solo un ciclo en un nicho concreto, dejarán de poder operar con titulaciones oficiales si la norma se aprueba en los términos actuales.
Ratios decrecientes en la modalidad virtual
El decreto introduce ratios máximas de alumnos por docente, con especial impacto en la formación a distancia. En la modalidad virtual, la ratio máxima se reducirá de forma escalonada: 90 alumnos por profesor en el curso 2027-2028, 80 en 2028-2029 y 60 en el curso 2030. En la modalidad semipresencial, el tope se fija en 25 alumnos por docente. Las horas lectivas y de tutorías en semipresencial y virtual tendrán que equipararse a las de la FP presencial.
Instalaciones, orientación y garantías económicas
Los centros deberán contar con un aula de tecnología aplicada, dedicada a proyectos de innovación y emprendimiento, o con un aula polivalente para actividades transversales. Será obligatorio disponer de un servicio de orientación profesional y de personal especializado para atender al alumnado con necesidades específicas.
El proyecto exige además garantías documentales de sostenibilidad económica, el detalle de la composición y los cargos del equipo directivo, una programación anual de proyectos, recursos para internacionalización y una memoria anual que la Administración supervisará de manera periódica.
Control sobre la FP que se imparte en campus universitarios privados
La norma extiende su alcance a la oferta de FP que se imparte dentro de campus universitarios privados, una modalidad que ha crecido en los últimos años bajo paquetes que combinan ciclo formativo y posterior grado universitario. El texto impide expresamente que las universidades utilicen sociedades interpuestas para eludir las limitaciones legales y prestar FP de manera indirecta. Todo centro que oferte titulaciones oficiales de Formación Profesional tendrá que adecuarse a los estándares fijados en la legislación.
Repercusión para el sector y vía abierta a recursos
El sector ya ha manifestado preocupación por el alcance de los requisitos y no descarta acudir a la vía judicial si el texto se aprueba en los términos actuales, en una réplica de la reacción observada con el decreto sobre la universidad privada. Para las escuelas y grupos educativos con oferta especializada en una sola rama, la norma supone una revisión estratégica obligada de su catálogo y de su modelo operativo, especialmente en aquellos centros cuya actividad se concentra en familias profesionales únicas o en modalidades online con grupos amplios.
El calendario apunta a un primer borrador a finales de julio y a una tramitación que culminaría en el último trimestre del año, lo que sitúa el horizonte de adaptación de los centros en el curso 2026-2027 para los aspectos transitorios y en cursos posteriores para las ratios virtuales más exigentes.
La economía digital ya no es una vertical: es la base del mercado laboral. La demanda de talento en datos, IA, ciberseguridad, cloud y desarrollo supera ampliamente la oferta, generando un ecosistema formativo amplio y desigual.
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