La matrícula gratuita de grado se amplía en Galicia, Asturias y Castilla y León para 2026-2027

El periodo de matrícula del curso 2026-2027 arranca en septiembre con un mapa autonómico más desigual que nunca en el precio efectivo de estudiar un grado en una universidad pública. Tres comunidades —Galicia, Asturias y Castilla y León— llegan a esa cita con la primera matrícula cubierta con fondos públicos, aunque mediante tres fórmulas jurídicas distintas que determinan quién cobra, quién paga y cuándo.

Galicia consolida la gratuidad en sus tres universidades públicas

La Xunta aprobó que la matrícula sea gratuita en el curso 2026-2027 en las tres universidades públicas gallegas —Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo— y en las enseñanzas artísticas superiores. La medida se consolida tras un primer curso de aplicación que alcanzó a cerca de 20.000 beneficiarios.

Para el alumnado de nuevo ingreso, la condición pasa por haber aprobado en 2026 la parte obligatoria de la prueba de acceso dentro de la comunidad, o bien un ciclo superior de Formación Profesional cursado en Galicia. En paralelo, la comunidad congela las tasas por décimo año consecutivo para quienes no puedan acogerse a la gratuidad, un mantenimiento que la administración autonómica cifra en más de 11,7 millones de euros de ahorro para las familias. El precio medio de la primera matrícula de grado se sitúa en 11,89 euros por crédito, el más bajo de España después del de Canarias.

Asturias extiende la exención a todos los cursos y eleva el presupuesto a 4,2 millones

El Principado de Asturias aplica un modelo más amplio en su alcance: la exención cubre los créditos matriculados por primera vez en todos los grados de la Universidad de Oviedo, no solo en el primer curso, e incorpora también los másteres universitarios, en este caso vinculados a umbrales de renta. La administración estima que la medida puede alcanzar a más de 20.000 estudiantes.

El ahorro medio calculado por estudiante y curso es de 732 euros, con una horquilla que va de los 517 a los 1.549 euros en función de la titulación. La dotación presupuestaria pasó de 2,9 millones de euros en 2025 a 4,2 millones en 2026. El diseño incluye un detalle relevante para la universidad: el Principado asume el coste de las plazas exentas y compensa directamente a la institución, de modo que la Universidad de Oviedo no pierde ingresos por la medida.

Castilla y León devuelve la primera matrícula a unos 15.500 alumnos con 12 millones

Castilla y León ha optado por una vía distinta. No modifica los precios públicos —un cambio que habría requerido una tramitación no disponible para este curso—, sino que articula una ayuda que reembolsa el importe abonado. El estudiante paga la matrícula con normalidad y después solicita la subvención, que se abona por transferencia bancaria.

La comunidad publicó en julio las bases reguladoras en su boletín oficial. La convocatoria está prevista para comienzos de septiembre, con plazo de solicitud hasta octubre, y va dirigida a estudiantes empadronados en la comunidad que accedan por primera vez a estudios oficiales de grado o doble grado en sus universidades públicas. Se excluyen los estudios de posgrado, las titulaciones propias y las formaciones de especialización o adaptación. La previsión oficial es alcanzar a unos 15.500 alumnos con un coste estimado en torno a 12 millones de euros. El procedimiento se tramita en concurrencia competitiva: las peticiones se ordenan según la calificación con la que el estudiante accedió a la universidad y, en caso de empate, decide la nota media de Bachillerato.

Aprobar entre el 65% y el 90% de los créditos, la condición para renovar

Las dos comunidades que mantienen la gratuidad más allá del primer curso aplican umbrales de rendimiento académico prácticamente idénticos. Tanto en Galicia como en Asturias, conservar la exención exige superar el 90% de los créditos en las ramas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, el 80% en Ciencias de la Salud y el 65% en Ingeniería, Arquitectura y Ciencias.

Esa gradación reconoce las diferencias de tasa de rendimiento entre ramas y convierte la gratuidad en una ayuda condicionada al progreso, no en una rebaja universal del precio. Para las universidades privadas y los centros que compiten por el mismo alumnado en estos territorios, el efecto es directo: la diferencia de coste frente a la pública se amplía justo en el tramo de acceso, que es donde se concentra la decisión de matrícula. Los datos de matriculación de septiembre y octubre serán la primera medición de si estas medidas desplazan demanda hacia los sistemas públicos autonómicos.