Luri abre el debate sobre la bajada de ratios: la cifra por sí sola no mejora resultados si bajan los requisitos del profesorado

Una de las medidas estrella de la política educativa española de los últimos años —la reducción del número de alumnos por aula— recibe esta semana una crítica de fondo. El pedagogo Gregorio Luri, doctor en Filosofía y autor de varios ensayos sobre escuela y exigencia académica, sostiene que no hay un solo estudio que demuestre que la bajada de ratios, por sí misma, mejore los resultados. Y aporta una cifra de carácter contraintuitivo: en las comunidades autónomas y países donde la reducción se ha producido de manera acelerada, los resultados académicos no mejoraron y, en algunos casos, empeoraron.

El argumento no es banal y conviene examinarlo en su lógica, no por la condición ideológica que cada parte del debate le quiera atribuir. La tesis de Luri tiene un componente estructural: una reducción inmediata de ratios obliga a multiplicar el número de docentes en el sistema. Si la oferta cualificada no crece al mismo ritmo, la única manera de cubrir las vacantes es bajar el listón de exigencia en los procesos de selección. La cadena causal —menos alumnos por aula, más docentes necesarios, menos exigencia para acceder, peor calidad media del profesorado— termina anulando el beneficio teórico de la medida.

Lo que dice la evidencia comparada

La literatura sobre ratios es más matizada de lo que sugieren los titulares de cualquier lado. Los estudios más citados —el experimento Tennessee STAR de los años noventa, las evaluaciones del California Class Size Reduction o los análisis del LIBSON Centre— coinciden en algo: la bajada de ratios mejora resultados solo cuando se acompaña de cuatro condiciones. Que el cambio sea sustancial —pasar de 30 a 25 alumnos apenas mueve indicadores; pasar de 25 a 15 sí los mueve—. Que se aplique en etapas tempranas, donde el efecto del acompañamiento individual es mayor. Que se mantenga la calidad de la formación inicial del profesorado. Y que se evite el reclutamiento masivo de urgencia, justamente el mecanismo que Luri critica.

En España conviven dos realidades. Comunidades autónomas que han reducido ratios manteniendo o reforzando los criterios de acceso —donde los efectos han sido positivos, aunque modestos— y comunidades que lo han hecho de manera rápida y simultánea con grandes contrataciones de personal interino. Los resultados PISA y las pruebas autonómicas reflejan esa heterogeneidad sin que el debate público lo recoja con la finura necesaria.

El otro frente: la calidad del input

Luri amplía su crítica más allá del número. Cuestiona la deriva curricular que reduce la importancia del contenido en favor de un discurso sobre pensamiento crítico que él considera vacío sin material sobre el que pensar. No se puede tener pensamiento crítico sobre información ausente, sintetiza. La afirmación se inserta en una corriente que reclama recuperar el peso de los conocimientos disciplinares frente a las llamadas competencias transversales.

La aportación también incluye datos socioeconómicos crudos sobre el origen de las desigualdades educativas. Los niños procedentes de entornos culturalmente ricos escuchan aproximadamente 2.150 palabras por hora de adulto durante sus primeros años; los de entornos socioeconómicamente desfavorecidos escuchan en torno a 620. La brecha en vocabulario al inicio de la escolarización tiene un peso documentado sobre el rendimiento posterior. Luri apunta a tercero de Primaria como el momento crítico en el que el alumno pasa de aprender a leer a leer para aprender; quien llega a ese punto con déficit léxico arrastra la limitación durante toda su trayectoria académica.

El debate político que se abre

La crítica de Luri reactiva una discusión que el sistema educativo español lleva una década aplazando. La política de personal del profesorado —volumen, perfil, formación, condiciones laborales— es el factor con más impacto demostrado sobre los resultados, según consenso amplio de la investigación. Las medidas estrella políticamente rentables —reducción de ratios, gratuidad de etapas, nuevas asignaturas— funcionan como sustitutos cuando el factor docente no se aborda con la profundidad necesaria.

El Ministerio defiende que la bajada progresiva de ratios y el refuerzo de la formación inicial son medidas complementarias, no excluyentes. Las consejerías autonómicas, que asumen la implementación, gestionan el desfase entre la intención y los recursos efectivamente disponibles. En la práctica, la decisión sobre cuántos alumnos hay en cada aula y quién está delante de ellos sigue siendo, ante todo, una decisión presupuestaria.

Lo que aún no se ha calibrado

Un debate riguroso sobre ratios necesitaría tres piezas que el sistema español no produce con la regularidad necesaria. Una evaluación cuantitativa propia, con datos longitudinales, sobre el efecto real de las reducciones aplicadas en distintas comunidades. Una contabilidad transparente de cómo se han cubierto las nuevas plazas: con qué perfiles, con qué tasa de interinidad, con qué procesos selectivos. Y una evaluación independiente de la formación inicial que reciben los futuros docentes en las facultades de Educación, una pieza del sistema sobre la que existe consenso amplio en la necesidad de reformar y poco avance efectivo.

Mientras esas piezas no estén disponibles, el debate seguirá en buena medida en el terreno del posicionamiento ideológico. La aportación de Luri es útil precisamente porque empuja a separar lo que se quiere creer de lo que muestran los datos. No por la respuesta concreta que ofrece —que es discutible—, sino por el rigor que reclama.

Qué vigilar el próximo curso

Tres referencias. Los datos comparados PISA 2025, cuya publicación arrojará información actualizada sobre la posición relativa de España y permitirá un análisis por comunidad autónoma. La negociación del nuevo modelo de carrera docente, pendiente desde la última reforma educativa y bloqueada por desacuerdos entre Ministerio y comunidades. Y la evolución de la tasa de interinidad en la enseñanza pública, que es la cifra que mejor refleja el impacto real de cualquier política de ampliación de plantilla.