El colectivo, formado por antiguos menores tutelados, alerta de una ofensiva administrativa injusta y exige la suspensión de los expedientes iniciados por el Departamento de Derechos Sociales.
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Barcelona — Lo que comenzó como una herramienta de emancipación para jóvenes en situación de vulnerabilidad se ha transformado, para muchos de ellos, en una pesadilla burocrática. Más de un centenar de personas jóvenes que fueron tuteladas por la Generalitat de Catalunya han recibido en las últimas semanas notificaciones administrativas exigiéndoles la devolución de ayudas económicas percibidas durante sus primeros años de independencia. En algunos casos, las cantidades reclamadas superan los 30.000 euros.
Los afectados fueron menores tutelados por la antigua Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), actualmente convertida en la Direcció General de Polítiques Públiques d’Infància i Adolescència (DGPPiA). Al alcanzar la mayoría de edad, solicitaron la prestación conocida como “renda d’emancipació”, una ayuda económica mensual —hasta 778,49 euros— destinada a cubrir alquileres, continuar estudios o sostener un proyecto de vida autónomo. Una ayuda prevista por la administración precisamente para jóvenes sin red de apoyo familiar, en muchos casos huérfanos, víctimas de maltrato o abandono institucional.
Reclamaciones retroactivas sin aviso ni pruebas
Ahora, cuatro años después, se enfrentan a procedimientos de reintegro iniciados por el Departament de Drets Socials de la Generalitat. Las cartas recibidas informan de un presunto incumplimiento de los requisitos legales establecidos para recibir dichas ayudas, sin detallar con claridad qué norma se habría vulnerado. Se les exige justificar retroactivamente su situación con una ventana de apenas 10 días hábiles y se les amenaza con iniciar procedimientos judiciales en caso de impago.
“No hemos cometido fraude. No hemos mentido. Solo hicimos lo que nos dijeron que era nuestro derecho”, afirma uno de los jóvenes afectados. “Nos acusan sin pruebas y nos obligan a demostrar nuestra inocencia, como si hubiésemos cometido un delito”. Desde el colectivo se denuncia que esta actuación vulnera la presunción de inocencia y se califica como una forma de agresión institucional.
Un ajuste de cuentas por errores administrativos
El detonante de estas reclamaciones parece estar relacionado con un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que, en 2023, detectó irregularidades en la gestión de las ayudas a la emancipación. El informe advertía de pagos indebidos por un valor total de 2,8 millones de euros entre 2019 y 2021, pero no atribuía la responsabilidad a los beneficiarios, sino a la administración por falta de controles y verificación.
Pese a ello, el foco se ha centrado ahora en los propios jóvenes extutelados. “Nos sentimos en el punto de mira”, explican en un comunicado público difundido esta semana. “Estamos pagando las consecuencias de los errores del sistema”.
En algunos expedientes revisados, se pide a los jóvenes que demuestren retrospectivamente que no superaron el umbral de ingresos o que estaban realmente emancipados. Muchos de ellos carecen hoy de la documentación exigida, han cambiado de residencia o se enfrentan a un sistema legal que no les ofrece asesoría ni defensa jurídica de oficio.
Campaña pública y apoyo social
Ante esta situación, los jóvenes afectados han lanzado una campaña bajo el lema “Queremos futuro, no facturas imposibles”. A través de redes sociales y acciones públicas, exigen la suspensión inmediata de todos los expedientes abiertos, una auditoría independiente y la intervención del Síndic de Greuges para garantizar un trato justo y proporcional.
“El sistema que prometía cuidarnos ahora nos abandona. No se puede construir una vida adulta bajo amenazas económicas del propio Estado”, denuncian. Varias entidades sociales han comenzado a posicionarse a su favor, y colectivos como Platforma d’Infància de Catalunya y asociaciones de derechos humanos han reclamado al Govern que paralice las devoluciones mientras no haya garantías procesales.
Por su parte, desde el Departament de Drets Socials se ha justificado la actuación como un “proceso de revisión obligado” tras las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, pero no han ofrecido declaraciones públicas sobre la situación concreta de los expedientes ni sobre si se tendrá en cuenta el contexto social de los afectados.
La herida de la tutela: una deuda moral
La situación ha reabierto un viejo debate sobre el trato institucional que reciben los jóvenes que salen del sistema de protección. Muchos de ellos arrastran traumas, carencias educativas y falta de redes familiares. Según datos de la Fundació Pere Tarrés, más del 70% de los extutelados acaban en situación de precariedad severa antes de los 25 años.
“La administración no puede cargarles ahora con una deuda económica por el simple hecho de haber confiado en el sistema que los crió”, señala una educadora social que ha acompañado a varios de estos jóvenes. “Estamos hablando de una deuda moral, no financiera”.
Los jóvenes insisten: “No somos responsables de los errores del sistema. No permitiremos que esta injusticia quede silenciada”.
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