Las empresas españolas con negocio en Cuba se blindan ante el nuevo cerco de Washington

La orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 1 de mayo abre un escenario incómodo para el capital español en Cuba. Washington ha fijado el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que cualquier empresa extranjera liquide operaciones vinculadas a GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte del turismo, la banca, los puertos y el comercio exterior de la isla. Tres semanas para reordenar décadas de inversión.

El bloque español es el más expuesto. Meliá, Iberostar y Barceló operan o han operado en hoteles cuyos terrenos fueron expropiados tras 1959. Banco Sabadell y Alto Cedro mantienen líneas financieras con contraparte cubana. Cualquiera de esas posiciones puede activar el Título III de la Ley Helms-Burton, que desde el 2 de mayo de 2019 permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales federales a empresas que se beneficien de propiedades confiscadas.

El stock de demandas ya es de 8.000 millones

El riesgo no es teórico. Las hoteleras españolas acumulan cerca de 6.000 reclamaciones en tribunales estadounidenses por valor agregado próximo a 8.000 millones de euros. La cifra se ha construido desde 2019 y crece cada vez que un demandante prueba título sobre un terreno explotado. Iberostar cerró el primer arreglo extrajudicial relevante hace pocas jornadas, en una operación que el sector lee como precedente: pagar antes que pleitear.

Meliá ya opera con la mitad del parque cerrado

El balance del primer trimestre de 2026 publicado por Meliá retrata la situación operativa antes incluso de las nuevas sanciones. La cadena ha retirado del mercado el 50% de su capacidad en Cuba: más de 5.000 habitaciones fuera de servicio, una ocupación media del 34,1% y una caída del 68% en el beneficio neto del segmento respecto al mismo trimestre del año anterior. No es un ajuste táctico, es un repliegue.

La estrategia visible combina tres movimientos. Primero, renegociar contratos de gestión para que el riesgo legal quede en el propietario cubano, no en la marca. Segundo, mover personal directivo a otros mercados del Caribe. Tercero, paralizar nuevas aperturas a la espera de que el cuadro normativo se estabilice.

El plazo del 5 de junio aprieta a la banca

La fecha del 5 de junio pesa especialmente sobre la exposición financiera. Cualquier instrumento de crédito con GAESA como contraparte directa o indirecta queda en el radar de la OFAC, la oficina de control de activos del Tesoro estadounidense. Una sanción secundaria —la que se aplica a entidades no estadounidenses que operan con sancionados— puede limitar el acceso al dólar de la matriz, no solo al de la filial cubana.

Banco Sabadell, con presencia en operativa de comercio exterior, es la entidad mencionada con más frecuencia entre las afectadas. Las cláusulas de salida en líneas de crédito multiparte funcionan, pero requieren acuerdo del resto del sindicato bancario. Si una entidad estadounidense del consorcio acelera, las demás no tienen margen.

Qué vigilar las próximas sesiones

Tres referencias para los próximos días. La cotización de Meliá, que necesita digerir tanto los resultados como el coste implícito de las sanciones. El calendario de comunicaciones a la CNMV: cualquier hecho relevante sobre exposición a Cuba publicado antes del 5 de junio actuará como guía para el resto del sector. Y el cuaderno de demandas en tribunales federales del Distrito Sur de Florida, donde se concentra el 70% de los casos vivos bajo el Título III.

El consenso de analistas se mantiene en una recomendación de mantener para las hoteleras con exposición cubana, con precios objetivo recortados en los últimos siete días. La hipótesis de base es que Washington no levantará el plazo y que la negociación se trasladará al ámbito diplomático, con Bruselas como interlocutor. Para el inversor, la pregunta es si el descuento ya está en cotización o si quedan ajustes.