- Según Advancing, seguro de impagos de alquiler, la dificultad para desahuciar preocupa al 70% de los arrendadores.
- Los jóvenes cobran 1.734€ al mes y el alquiler medio se sitúa en 1.409€, un aspecto que hace desconfiar a los pequeños tenedores que pueden obtener una bonificación en caso de alquiler a menores de 35 años.
- Rafel Sauri, CEO de Advancing: “Los grandes tenedores suelen tener sus inmuebles en grandes capitales y es muy probable que si estas ubicaciones se declaran zonas tensionadas los propietarios vean más viable recurrir a la venta que al alquiler para obtener una rentabilidad”.
La nueva ley de vivienda, que está en vigor desde el pasado viernes 26 de mayo y que se puede encontrar en el BOE como Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se convierte en la primera ley estatal que, más allá de lo que dicta el artículo 47 de la Constitución Española, regula jurídicamente el derecho a la vivienda. No obstante, pese a que la intención es facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, establecer topes en el precio del alquiler y regular los impuestos a grandes tenedores, son muchos los economistas y expertos inmobiliarios que apuntan que los efectos de esta nueva legislación pueden ser totalmente contrarios y provocar una reducción de la oferta y una mayor segmentación del mercado.
Los cambios más destacados se orientan al mercado de alquiler, un mercado que, según datos de la Agencia Tributaria, actualmente cuenta con unos dos millones de viviendas alquiladas. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para cubrir la demanda existente de este tipo de inmuebles. Según apunta Atlas Real Estate Analytics, en España hacen falta más de 1,8 millones de pisos en alquiler para equiparar la oferta y alcanzar el porcentaje de viviendas en alquiler que hay en otros países de la Unión Europea. Rafel Sauri, CEO de Advancing, explica que “la oferta privada de alquiler se resentirá con la nueva ley de vivienda ya que los propietarios se sienten más desprotegidos a causa de las dificultades legales que plantea la reclamación por impago o la resolución de una okupación”.
La dificultad para desahuciar preocupa al 70% de los propietarios
Las políticas para combatir la okupación son uno de los puntos más problemáticos de la nueva ley. Con la nueva legislación los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales correspondientes un informe que valore si la persona que ha ocupado se encuentra en situación de vulnerabilidad o no. En caso de ser una persona vulnerable el desahucio se paralizará hasta que la administración competente encuentre una alternativa habitacional para el okupa. Desde Advancing apuntan que “la dificultad para desahuciar preocupa al 70% de los propietarios” y, además, reconocen que “es uno de los principales motivos por los cuales los arrendadores recurren al seguro de impago de alquileres”.
Los jóvenes cobran 1.734€ al mes y el alquiler medio se sitúa en 1.409€
Otra de las principales novedades es la incorporación de una bonificación del 70% para los pequeños tenedores que alquilen sus inmuebles a jóvenes de entre 18 y 35 años. Sin embargo, según las últimas estadísticas de la Seguridad Social, los jóvenes menores de 24 años cobran 1.135€ mensuales y los trabajadores de entre 25 y 29 años obtienen una retribución media de 1.734€ al mes. En este sentido, Rafel Sauri afirma que “las bonificaciones para arrendamientos a jóvenes se van a traducir en un mayor interés por los seguros ya que la economía de este segmento de edad no transmite la suficiente confianza a los propietarios”.
Las grandes capitales, las zonas en las que más se reducirá el mercado de alquileres
Según la normativa, son las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos los organismos responsables de limitar las zonas tensionadas de cada territorio. Se consideran zonas tensionadas aquellas en las que el precio de la vivienda es desproporcionado en comparación con los ingresos familiares y la oferta de vivienda existente. Con la nueva legislación, en estas zonas el incremento de precios podrá ser de un 2% en 2023 y un 3% en 2024.
En este sentido, es importante tener en cuenta que, según los grandes grupos inmobiliarios, las zonas más tensionadas suelen ser las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca. Ante esta realidad, desde Advancing apuntan que “los grandes tenedores suelen tener sus inmuebles en grandes capitales y es muy probable que si estas ubicaciones se declaran zonas tensionadas los propietarios vean más viable recurrir a la venta que al alquiler para obtener una rentabilidad”.
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