El decreto de centros de datos suma 600 alegaciones y avisos de arbitraje

El real decreto que fijará las condiciones energéticas de los centros de datos en España ha cerrado su periodo de audiencia pública con más de 600 alegaciones, y la patronal del sector lo ha recibido con una cifra: entre el 80% y el 90% de la inversión proyectada hasta 2030, que ronda los 67.000 millones, podría no llegar a materializarse si el texto sale adelante como está. La obligación de respaldar con nueva generación renovable el 80% del consumo, medido hora a hora, ya se conocía desde que la norma salió a consulta a finales de agosto. Lo que ha cambiado en estas semanas es el precio que el sector le pone y el frente jurídico que ha levantado a su alrededor.

El Ejecutivo quiere cribar 12.000 megavatios de permisos y el sector dice que son 3.000

El propósito de la norma es filtrar los permisos de acceso a la red ya concedidos para levantar centros de datos y quedarse solo con los proyectos que la Administración considere mejores. Según los cálculos del Ejecutivo, esos permisos equivalen a 12.000 megavatios de potencia, sobre un parque eléctrico español cuya capacidad total se sitúa en torno a los 40.000 megavatios. SpainDC, la asociación que reúne a las empresas del sector, rebaja esa cifra a 3.000 megavatios. En esa horquilla arranca buena parte del desacuerdo: si la presión real sobre la red es la que sostiene el Gobierno o una cuarta parte de ella.

Tres operadores han avisado de que retiran 9.000 millones si la norma sale

La cartera de inversión anunciada para centros de datos en España de aquí a 2030 se mueve en el entorno de los 67.000 millones. La patronal asegura que tres grandes operadores, cuyo nombre no ha desvelado, ya le han comunicado que cancelarán proyectos por 9.000 millones si el real decreto se aprueba en los términos actuales, en torno al 15% de ese total. Y eleva el riesgo global: entre el 80% y el 90% de la inversión pendiente podría no materializarse, porque las decisiones de este tipo se toman comparando países en energía, disponibilidad de red, permisos, costes y plazos. Francia, Portugal e Italia figuran en sus cálculos como destinos alternativos inmediatos.

La asociación sitúa entre el 40% y el 50% de la inversión total el tramo ya comprometido, entre 27.000 y 33.500 millones de euros, y es ahí donde dibuja el perímetro de una eventual reclamación. El detonante del desembolso, explica, no es la compra del suelo, que suele articularse mediante opciones de compra para no quedarse con terrenos inservibles si el proyecto no sale, sino el permiso de acceso a la red. Mientras ese trámite no se resuelve, el desembolso no llega.

Las alegaciones invocan la reserva de ley y un régimen sancionador encubierto

Las objeciones no son solo económicas. La patronal sostiene que el proyecto adolece de falta de proporcionalidad, que vulnera el principio de reserva de ley al imponer por vía reglamentaria obligaciones de esa intensidad y que incorpora un régimen sancionador encubierto cuya pena máxima sería la desconexión, por la vía de retirar permisos de acceso ya otorgados. La CEOE ha calificado la norma de desproporcionada y reclama una aplicación gradual: ni condiciones tan estrictas que bloqueen los proyectos, ni una entrada masiva de grandes consumidores que se coma la capacidad de red que otros sectores necesitan para electrificar sus procesos.

Sobre el conjunto sobrevuela el antecedente de los arbitrajes internacionales por el recorte a las renovables. El argumento del sector es que hay inversión extranjera comprometida sobre un marco legal determinado y que alterarlo a mitad de recorrido abre la puerta a demandas y arbitrajes por compensaciones milmillonarias.

Aragón y Madrid piden revisar el texto y advierten de reclamaciones patrimoniales

Las dos comunidades con más proyectos en cartera se han sumado a las críticas. El Gobierno de Aragón, que tiene en cartera alrededor de treinta instalaciones, ha reclamado una revisión integral del borrador: sostiene que muchas de las exigencias no se pueden satisfacer y que, por esa vía, el decreto acabaría vetando en la práctica a un sector entero. Suma además un riesgo para las administraciones, que quedarían expuestas a reclamaciones patrimoniales de los promotores. Madrid y Castilla-La Mancha han detectado también problemas legales en el proyecto.

El Ministerio para la Transición Ecológica no ha cedido por ahora en los elementos principales. Su posición es que en Aragón y en Madrid se otorgaron permisos sobre previsiones que nunca fueron realistas, y que España puede permitirse elegir qué centros de datos quiere. El decreto se desarrolla junto a los departamentos de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y Función Pública.

La Unión Europea tiene 2 gigavatios de cómputo frente a los 35 de Estados Unidos

El pulso español coincide con un movimiento de signo contrario en Bruselas. Un informe del centro de análisis Bruegel, remitido a las instituciones comunitarias, plantea que las redes eléctricas europeas reciban la condición de infraestructura estratégica, precisamente para que su desarrollo no estrangule la llegada de estos proyectos. Su diagnóstico es que la limitación no está en el capital privado, sino en la velocidad de puesta en marcha y en el acceso a la red. El documento propone redirigir las subvenciones a las gigafábricas hacia ayudas competitivas que premien a las regiones más rápidas en tramitar permisos, y priorizar la inversión anticipada en red.

Las cifras de ese análisis explican la urgencia: la Unión Europea cuenta con dos gigavatios de capacidad operativa de computación de inteligencia artificial, menos del 5% del total mundial, frente a los 35 gigavatios de Estados Unidos, el 78%, y los cinco de China, un 11%.

Queda margen de negociación y está identificado por dónde. La exigencia del 80% de renovables podría dejar de calcularse hora a hora para medirse en periodos más amplios, de semanas o meses, y cabe que los excedentes actuales de generación verde pasen a computar como nueva generación. Para cualquier compañía con un proyecto en tramitación, la variable que manda sigue siendo la misma: la fecha en que llegue el punto de acceso a la red, porque de ella depende que la inversión se dispare aquí o se vaya a otro país.