Vivienda reparte 45 millones para levantar 1.525 alojamientos universitarios

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana repartirá 45 millones de euros entre siete entidades para ampliar la oferta de alojamiento universitario a precio contenido. El dinero se concede por la vía directa a promotores que ya tienen el proyecto definido y en condiciones de arrancar pronto, y dará para 1.525 plazas en una primera tanda destinada a estudiantes y a personal docente e investigador.

La Autónoma de Madrid concentra 13,4 millones del reparto

El desglose queda así: 13.365.000 euros para la Universidad Autónoma de Madrid; 8.197.200 para la Universidad de Castilla-La Mancha, que levantará su promoción en Albacete; 6.504.300 para la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla; 5.940.000 para la Universidad de Burgos; 4.455.000 para la Universitat Jaume I de Castelló; 3.564.000 para la Universidad de Jaén; y 2.974.500 para el Ayuntamiento de Lleida.

Las obras se extienden por seis autonomías: Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña. La asignación a la Autónoma, la mayor de las siete, se lleva por sí sola casi un tercio del importe.

El real decreto que otorga las subvenciones abre su trámite de audiencia pública

La norma que formalizará las ayudas a las entidades elegidas entró en audiencia pública el pasado 31 de agosto, después de más de doce meses de negociación previa entre las partes. Ese mismo día la ministra Isabel Rodríguez recibió en la sede del departamento a Julián Garde, presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Las subvenciones se apoyan en el protocolo que Vivienda firmó en 2024 junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para empujar el alquiler asequible en el ámbito universitario. La propia nota oficial encaja la medida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y en su apuesta por movilizar suelo público o institucional con fórmulas mixtas.

El precio máximo del alquiler lo fijará el ministerio e incluirá luz, agua y wifi

Los edificios que se construyan con esta financiación tendrán que mantener su destino público y ajustarse a precios asequibles. Los topes los fijará el ministerio en las resoluciones o convenios que concreten cada actuación, los mismos documentos donde quedarán escritos los plazos de ejecución. Dentro de ese límite entrarán suministros como la luz, el agua y la conexión wifi.

Las 1.525 plazas se suman a un parque de 132.335 camas

El tamaño de esta primera tanda conviene leerlo contra el mercado que ya existe. El Observatorio Sectorial DBK de Informa contabilizaba 1.169 establecimientos abiertos en España al terminar 2025, entre residencias y colegios mayores, con 132.335 camas: 112.029 en 1.005 residencias y otras 20.306 en 164 colegios mayores. Ese ejercicio aportó 22 centros nuevos y 7.656 plazas, y el parque ha ganado más de 35.000 camas en cinco años.

Las 1.525 plazas que ahora financia el ministerio equivalen, por tanto, a algo más del 1% de la oferta disponible. El mismo observatorio coloca a Madrid en cabeza por volumen, con el 21,7% de las camas, por delante de Andalucía (17,0%), Cataluña (16,6%) y Castilla y León (11,9%), y describe un sector cada vez más concentrado: los cinco mayores operadores sumaban el 28,3% de las plazas y los diez primeros, el 37,4%.

CRUE reclama repetir el reparto en 2027 y que los ayuntamientos cedan suelo dotacional

CRUE ha recibido con satisfacción la partida y lleva tiempo avisando de que el alza continuada de los precios del alquiler, sumada a la falta de plazas en residencias públicas, castiga la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y frena la movilidad académica de quienes tienen menos recursos. Los rectores afirman haber obtenido el compromiso de repetir la medida en 2027, de modo que más universidades públicas puedan beneficiarse.

La conferencia ha pedido además a comunidades autónomas y ayuntamientos que activen mecanismos equivalentes, y en concreto que cedan suelo dotacional donde levantar residencias de alquiler social mediante fórmulas de colaboración público-privada.