El Supremo anula el decreto que exigía 4.500 alumnos a las nuevas universidades

El Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad, en una sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre. Esa norma, aprobada hace un año, endurecía los requisitos para la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades. La sentencia estima el recurso que había presentado el Gobierno balear y concluye que el Consejo de Ministros no justificó por qué la norma debía tramitarse por la vía de urgencia, un atajo que le permitió saltarse la consulta pública previa. El tribunal no entra a valorar los requisitos que fijaba el decreto.

El tribunal ve una decisión política, no una urgencia objetiva

El Consejo de Ministros acordó en abril de 2025 acelerar la elaboración del proyecto. Para defenderlo invocó la multiplicación de universidades, en especial privadas, el avance de la enseñanza virtual y la conveniencia de que el nuevo marco estuviera aprobado antes de empezar el curso 2025-2026. A juicio de la Sala, esos argumentos describen la evolución del sistema universitario, pero no acreditan circunstancias extraordinarias ni un perjuicio concreto que obligara a recortar los plazos ordinarios. Querer la norma en vigor para ese curso responde, según el fallo, a una voluntad política y no a una causa objetiva.

Sin urgencia justificada, prescindir de la consulta pública carecía de amparo legal y vulneraba la Ley del Gobierno, en sus artículos 26 y 27, que regulan ese trámite y la participación de los afectados en la elaboración de los reglamentos. Para la Sala, ese defecto es causa de nulidad de pleno derecho. Las costas, fijadas en 6.000 euros, corren a cargo de la Administración General del Estado.

El decreto pedía 4.500 alumnos en seis años y alojamiento para el 10%

La norma anulada reformaba el Real Decreto 640/2021 y elevaba varios umbrales. La memoria de una universidad nueva tenía que prever que, seis años después del inicio de su actividad, contaría con más de 4.500 alumnos en sus grados, másteres y doctorados oficiales. Se le exigía además una oferta mínima de diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado, repartidos al menos entre tres de las cinco ramas del conocimiento, y dedicar no menos del 5% de su presupuesto (en las privadas, de su cifra de negocios) a programas propios de investigación y transferencia.

Las nuevas universidades, públicas y privadas, debían comprometer también plazas de alojamiento equivalentes al 10% de la oferta presencial prevista para su cuarto año de funcionamiento. Las privadas de nueva creación tenían que acreditar, mediante avales, seguros de caución o deuda del Estado depositados en la Caja General de Depósitos, los recursos necesarios para operar con toda la oferta comprometida en su tercer año. Y el informe de la agencia de calidad pasaba a ser preceptivo y vinculante.

El Ministerio de Universidades prepara una nueva norma

Con la anulación decaen las exigencias que el decreto de 2025 había incorporado. El de Baleares no era el único recurso pendiente: también lo habían impugnado otros gobiernos autonómicos, entre ellos la Comunidad de Madrid, y varias universidades privadas.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respeta el fallo, pero no lo comparte. Recuerda que el Consejo de Estado avaló en su momento la tramitación urgente, que sí hubo trámite de información pública, con más de sesenta alegaciones, y que España tiene ya 50 universidades públicas y 49 privadas. El departamento ha avanzado que ya trabaja en otra norma, que quiere aprobar cuanto antes y ajustada a lo que marque la sentencia.

Las reacciones del sector van en direcciones opuestas. La patronal de la enseñanza privada ACADE, que ya había advertido de la incertidumbre jurídica que generaba el decreto, valora positivamente la sentencia y reclama que cualquier reforma se construya desde el diálogo. La CREUP, que agrupa a los representantes de estudiantes de las universidades públicas, considera en cambio que el fallo vuelve a dejar desprotegido al sistema público.