Sanidad mantiene 1.135 plazas de Medicina pero no paga nuevas de primer curso

El BOE publica este jueves el Real Decreto 854/2026, que reparte 17.025.000 euros entre las universidades públicas para sostener durante el curso 2026-2027 hasta 1.135 plazas del Grado en Medicina abiertas en los últimos años. Es la cuarta edición de la línea de ayudas que el Ministerio de Sanidad puso en marcha en 2023 para formar a más médicos y la primera que no paga ninguna plaza nueva de primer curso. El Consejo de Ministros aprobó la norma el martes y el ministerio explica que esa partida se queda fuera por razones presupuestarias.

Las ayudas cubren 683 plazas de segundo, 305 de tercero y 147 de cuarto

El reparto se hace por cursos. Segundo recibe 10.245.000 euros para 683 plazas; tercero, 4.575.000 para 305, y cuarto, 2.205.000 para 147. El módulo es de 15.000 euros por plaza y paga profesorado de clases teóricas y prácticas y el resto de gastos corrientes de cada plaza. El gasto se divide entre dos ejercicios, con un máximo de 8.655.000 euros en 2026 y 8.370.000 en 2027, y las universidades lo cobrarán en dos pagos.

El programa financia 648 plazas menos que el curso pasado

Las dos convocatorias anteriores pagaban a la vez el aumento de plazas de nuevo ingreso y su continuidad en los cursos siguientes. La de 2025-2026 destinó 26.745.000 euros a 1.783 plazas, de las que 922 eran de primero, abiertas por encima de la oferta verificada de cada facultad y con un tope del 15% por universidad. La de 2026-2027 se limita a consolidar las ya acreditadas, de modo que financia 648 plazas y 9,72 millones menos que la anterior. Sanidad prevé volver a pagar plazas de primero en el curso 2027-2028, siempre que el presupuesto de ese año lo permita.

En sus tres primeras ediciones, la línea sumó cerca de 102 millones. La de 2023, que arrancó con un máximo de 706 plazas de primero, incluyó además 43,63 millones para mejorar la docencia con aulas, equipamiento e instalaciones de simulación.

Santiago y Sevilla encabezan un reparto entre 31 universidades

El anexo del decreto incluye 35 universidades y asigna fondos a 31. La de Santiago de Compostela es la que más recibe, 1.530.000 euros para 102 plazas, y la de Sevilla la sigue con 1.440.000 para 96. Por encima del millón quedan también la Autónoma de Barcelona, con 1.065.000 para 71, y Zaragoza, con 1.020.000 entre sus centros de Zaragoza y Huesca. Alcalá reúne 990.000 entre sus dos sedes, y detrás se sitúan la Universidad de Barcelona (975.000), Murcia (960.000) y Valladolid (915.000). La Complutense, Extremadura, Las Palmas de Gran Canaria y la Pública de Navarra aparecen en la tabla sin plazas que financiar. Por comunidades, las siete universidades andaluzas suman 3,83 millones y las seis catalanas, 2,91 millones.

Las universidades deben probar que las matrículas siguen activas a 31 de diciembre

Solo cuentan las plazas que exceden la oferta fijada en la memoria de verificación de cada título, tomada como referencia el 22 de marzo de 2023, y que ya recibieron dinero el curso anterior. Cada universidad tendrá que acreditar, con los datos de cada estudiante, que esas matrículas continúan activas a 31 de diciembre de 2026; si alguna no lo está, deberá devolver la parte de la ayuda que le corresponda. Computan también los alumnos llegados por traslado desde otra universidad pública si ocupaban allí una plaza del programa. El gasto subvencionable abarca de septiembre de 2026 a agosto de 2027 y deja fuera los costes indirectos, la publicidad no obligatoria y los gastos de representación.

Faltan titulados para cubrir la formación de especialistas

El decreto se apoya en los estudios de oferta y necesidad de especialistas que Sanidad publicó en 2021 y en 2024, con horizonte en 2035, según los cuales las facultades no gradúan médicos suficientes para la oferta de Formación Sanitaria Especializada ni para algunas especialidades, en particular Medicina Familiar y Comunitaria. La convocatoria de 2027 de esa formación ofrece 12.850 plazas para el conjunto de titulaciones con acceso a ella, la mayor aprobada hasta ahora. Las ayudas del Estado son complementarias y finalistas, porque sostener el funcionamiento ordinario de los campus públicos es competencia de cada comunidad autónoma.