La FP para trabajadores reparte 234 millones entre autonomías y convocatorias

El Consejo de Ministros aprobó el martes 15 de septiembre un paquete de 234,1 millones de euros para la formación de trabajadores en activo. La cifra se parte en dos: 107,4 millones que se transfieren a las comunidades autónomas y 126,7 millones que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes gestionará de forma directa a través de cuatro convocatorias. El dinero no va a la Formación Profesional reglada de los jóvenes, sino a certificar y recualificar a quienes ya están empleados, en sectores donde las empresas declaran que no encuentran personal.

El reparto autonómico financia microacreditaciones, módulos y certificados

La partida que se transfiere a las comunidades se destina a acciones formativas impartidas en centros públicos y orientadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social, asociadas a programas estatales. Cada autonomía puede además dirigir parte de los fondos a los sectores prioritarios que haya fijado en sus propios planes estratégicos.

La formación es acreditable y acumulable en tres niveles: el grado A, que corresponde a las microacreditaciones; el grado B, los módulos profesionales; y el grado C, los certificados profesionales. Ese encaje es lo que interesa a una dirección de recursos humanos, porque permite sumar formaciones cortas hasta componer una acreditación reconocida sin apartar al trabajador del puesto.

Construcción y oficios concentran 60 de los 126,7 millones estatales

Las cuatro convocatorias de gestión directa tienen destinatario definido. La primera, de 25 millones, se dirige a la construcción industrial y sostenible, con el objetivo declarado de modernizar el sector y agilizar la oferta de vivienda. La segunda, de 35 millones, cubre una decena de familias profesionales consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y sus dificultades para cubrir puestos: entre ellas, Electricidad y Electrónica, Seguridad y Medio Ambiente, Edificación y Obra Civil o Instalación y Mantenimiento.

La tercera, dotada con 20 millones, se destina al turismo patrimonial, cultural y sostenible, con el argumento del desarrollo local, la fijación de población en el medio rural y la diversificación económica. Entre las tres suman 80 millones y perfilan dónde sitúa la Administración los cuellos de botella del mercado laboral.

La convocatoria de 46,7 millones solo financia certificados completos

La cuarta y última, con 46,7 millones, se dirige prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, a población migrante. Es la única de las cuatro que no admite microacreditaciones ni módulos sueltos: financia certificados profesionales completos, que pueden incorporar hasta un 25% de complementos formativos en competencias lingüísticas y digitales básicas o en competencias empresariales.

A esa convocatoria se suma el 30% del reparto autonómico, también reservado a personas en riesgo de pobreza o exclusión y a quienes participaron en el proceso de regularización de 2026. Ambas piezas se integran en el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030.

Andalucía encabeza el reparto con 17,19 millones y La Rioja cierra con 702.520 euros

El desglose territorial de los 107,4 millones sitúa a Andalucía en cabeza, con 17,19 millones, seguida de Cataluña, con 16,12; la Comunidad de Madrid, con 13,46; y la Comunitat Valenciana, con 11,35. La Rioja cierra la tabla con 702.520 euros.

El telón de fondo es un sistema que ha crecido deprisa: la matrícula de Formación Profesional ha aumentado un 46% desde 2018 y supera ya los 1,2 millones de alumnos. Lo que estas partidas abren es otra puerta, la de la formación continua acreditable dentro de la empresa, que hasta ahora dependía sobre todo del crédito de formación y de la iniciativa de cada compañía.