El Estatuto del Estudiantado fija dos convocatorias y atención psicológica gratis

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que renueva el Estatuto del Estudiantado Universitario, vigente desde 2010. La norma, negociada con los rectores a través de la CRUE y con el CEUNE, el consejo estatal de estudiantes, baja al detalle de la vida académica: cuántas oportunidades tiene un alumno para superar una asignatura, qué pasa con su nota si pide revisar un examen o qué servicios de salud mental debe sostener cada campus. En la misma reunión, el Gobierno destinó 45 millones de euros a siete proyectos de residencias en universidades públicas.

Dos convocatorias por asignatura y ninguna nota rebajada al revisar el examen

En materia de evaluación, el Estatuto garantiza al menos dos convocatorias por asignatura e impide que una revisión termine con una calificación más baja, salvo que corrija un error material o aritmético. Prevé además que las notas se anonimicen y amplía las causas que justifican faltar a clase, entre ellas la enfermedad, el cuidado de personas dependientes o la coincidencia con otro examen oficial. Las tutorías también se refuerzan.

Antes de matricularse, el alumno podrá consultar el plan docente de cada materia, con el temario, los profesores, la lengua en que se imparte, las prácticas y el sistema de evaluación, y la norma lo protege frente a cambios injustificados de esos criterios. Las prácticas externas tendrán una supervisión más estrecha.

Atención psicológica gratuita y protocolos frente a las conductas suicidas

El bloque que más obligaciones añade a las universidades es el de salud mental. Los estudiantes tendrán derecho a orientación y atención psicológica sin coste, y cada institución deberá disponer de unidades de apoyo y de protocolos para prevenir las conductas suicidas y para intervenir cuando se produzcan.

El texto refuerza además las garantías contra el acoso y el ciberacoso, incluido el sexual y el motivado por la orientación o la identidad de género. Y lleva las adaptaciones de la evaluación, que la ley ya exigía para el alumnado con discapacidad, a quienes tienen dificultades de aprendizaje, un colectivo que la ley orgánica no mencionaba.

El paro académico y la conciliación ya figuraban en la ley universitaria de 2023

Una parte del contenido no es nueva. La ley orgánica de universidades de 2023, la LOSU, ya reconoce el paro académico, total o parcial, encarga a las universidades fijar sus condiciones y atribuye su declaración al órgano de representación de los alumnos. El Estatuto desarrolla esa previsión: cada universidad tendrá que reglamentar cómo se ejerce con los representantes estudiantiles y sin menoscabo del derecho a recibir clase de quienes no lo secunden. La ley orgánica exigía igualmente que las actividades académicas se diseñaran para facilitar la conciliación con el trabajo y la familia, y que se hicieran ajustes razonables en materiales, métodos y evaluación para los estudiantes con discapacidad.

Planes de conciliación, suspensión temporal de los estudios y desconexión digital

Lo que sí añade el real decreto en conciliación son instrumentos concretos: planes de conciliación en cada universidad, matrícula a tiempo parcial, dispensa académica y la posibilidad de suspender temporalmente los estudios, una figura que la ley orgánica no recogía. En el plano digital, incorpora la desconexión, la protección de datos y la propiedad intelectual del estudiante sobre sus trabajos, y mantiene entre los deberes del alumnado el de no emplear la inteligencia artificial de forma inapropiada.

Su ámbito se extiende al doctorado, a la formación permanente y a las microcredenciales, y recoge derechos vinculados a las becas, a la movilidad y a la orientación profesional.

Siete residencias públicas recibirán 45 millones para unas 2.000 plazas

El otro acuerdo universitario del Consejo reparte 45 millones de euros entre siete proyectos de residencias ya avanzados, que en una primera fase sumarán cerca de 2.000 plazas a precios asequibles en universidades públicas. La partida mayor, 13,36 millones, es para la Universidad Autónoma de Madrid; le siguen la Universidad de Castilla-La Mancha para su campus de Albacete (8,19 millones), la Pablo de Olavide de Sevilla (6,5), la de Burgos (5,94), la Jaume I de Castellón (4,45), la de Jaén (3,56) y el Ayuntamiento de Lleida (2,97).

La aplicación depende de la normativa de cada universidad y de su financiación

Queda pendiente la publicación del real decreto en el BOE, que fijará su entrada en vigor. A partir de ahí, buena parte de su contenido exige que cada universidad adapte su normativa interna, y muchos de los servicios que impone, empezando por los de salud mental, dependen de que haya dinero para sostenerlos. La CREUP, la coordinadora estudiantil de las universidades públicas, respalda el texto, pero avisa de que su efecto real dependerá de esa traslación y de que el Estado y las autonomías pongan el dinero necesario.