El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendió el 11 de junio de 2026 la implantación de la concertación del Bachillerato en Aragón. La resolución, de carácter cautelar, paraliza los conciertos previstos para el curso 2026-2027 mientras el tribunal resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por 17 entidades en defensa de la escuela pública. El TSJA consideró que existían motivos suficientes para frenar la medida hasta que se sustancie el fondo del asunto.
Una orden aprobada por un gobierno en funciones
El origen del conflicto se remonta a abril de 2026, cuando el Gobierno de Aragón aprobó la orden que habilitaba los conciertos educativos en Bachillerato. El problema de fondo que el tribunal señala es que esa orden fue dictada por un ejecutivo en funciones, al no haberse formado todavía el Gobierno tras las elecciones de febrero de 2026. Esta circunstancia constituye uno de los argumentos centrales del recurso y uno de los motivos que el TSJA tomó en consideración para otorgar las cautelares.
La medida suponía una novedad en el sistema educativo aragonés: el Bachillerato estaba reservado hasta entonces en exclusiva a la red pública y a los centros privados no concertados. El Gobierno de Aragón había previsto una inversión de 56,7 millones de euros para financiar los conciertos de 1.º de Bachillerato hasta el curso 2030-2031, dentro de un marco de gasto total de 1.013 millones de euros para la educación concertada a lo largo de los próximos seis cursos. La puesta en marcha de la concertación requería una inversión inicial de 20 millones de euros.
La concertación habría beneficiado a aproximadamente 1.900 alumnos en su arranque y afectado a aproximadamente veinte centros educativos.
Movilizaciones previas y recurso colectivo
La oposición a la medida se articuló desde distintos frentes. Las 17 organizaciones que presentaron el recurso —entre ellas organizaciones, federaciones y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa— argumentaron en rueda de prensa que existen plazas disponibles en la red pública y señalaron el descenso demográfico como contexto que no justificaba la ampliación concertada.
Antes de la resolución judicial, la comunidad educativa ya había protagonizado jornadas de huelga en mayo de 2026 y una manifestación en Zaragoza que reunió a 18.000 personas en contra de los conciertos de Bachillerato.
El TSJA también eximió a las entidades demandantes del pago de más de 8 millones de euros en concepto de caución, lo que facilitó el mantenimiento de la medida cautelar. Tras la resolución, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón dispone de un plazo de cinco días para recurrir la decisión ante el órgano judicial correspondiente.
La economía digital ya no es una vertical: es la base del mercado laboral. La demanda de talento en datos, IA, ciberseguridad, cloud y desarrollo supera ampliamente la oferta, generando un ecosistema formativo amplio y desigual.
Mi trabajo es ordenar ese entorno: identificar qué disciplinas realmente crecen, qué formación aporta valor y cómo evoluciona la carrera profesional en perfiles técnicos. Analizo también cómo las empresas evalúan el talento hoy, más allá del CV.
Comentarios del Artículo