La disolución de las Cortes tumba la ley que bajaba a 22 los alumnos por aula

El BOE publicó el martes 6 de octubre el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, que disuelve el Congreso y el Senado elegidos en julio de 2023 y convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La disolución tiene un efecto inmediato sobre la agenda legislativa: el Reglamento del Congreso dispone que, disuelta la Cámara, decaen todos los asuntos que tenía pendientes, salvo aquellos de los que la Constitución encarga ocuparse a la Diputación Permanente. En educación, la principal norma afectada es la ley que iba a reducir el número de alumnos por aula y las horas de clase del profesorado, que estaba en tramitación en la Comisión de Educación del Congreso.

La ley fijaba 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO

El texto rebajaba a 22 el máximo de alumnos por aula en Primaria y a 25 en la ESO, frente a los 25 y 30 que fija hoy la Ley Orgánica de Educación. El alumnado con necesidades educativas especiales computaría doble a efectos de ratio, de manera que las aulas que lo escolarizan tendrían menos plazas. La segunda parte de la norma ponía techo a la carga docente: 23 horas lectivas semanales como máximo en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Se trataba de una norma básica, con mínimos para todo el Estado que las comunidades autónomas podían mejorar, y con un despliegue progresivo que debía completarse a comienzos de la próxima década. Con la caducidad, el proyecto no queda congelado a la espera de las nuevas Cámaras, que se constituirán el 23 de diciembre: desaparece, y el Gobierno que salga de las urnas tendrá que empezar de cero si quiere retomarlo. La misma suerte corre el Estatuto del Becario, que también estaba en tramitación parlamentaria.

Los decretos de FP, universidades e Infantil dependen solo del Consejo de Ministros

Distinto es el caso de las reformas que los ministerios de Educación y de Ciencia, Innovación y Universidades preparaban por real decreto. Como no tienen que pasar por las Cortes, el Consejo de Ministros puede aprobarlas técnicamente aunque haya elecciones convocadas. Son tres. El decreto de garantía de calidad de los centros privados de FP obligaría a la formación a distancia a impartir una parte de sus clases de forma presencial. La reforma de los requisitos mínimos de los centros bajaría las ratios del primer ciclo de Infantil a cuatro niños menores de un año por profesional, seis entre uno y dos años y ocho entre dos y tres. Y el decreto de titulaciones universitarias exigiría que al menos la mitad del profesorado de cada título tuviera el grado de doctor.

Ninguno de los tres tiene fecha de aprobación. Ni siquiera el de FP, presentado a finales de septiembre, se da por seguro, y de los otros dos no hay calendario confirmado. Su suerte queda en manos del Consejo de Ministros durante las semanas que faltan hasta el 29 de noviembre.

La negociación del Estatuto Docente se detiene en la Mesa Sectorial

El calendario electoral frena también el Estatuto Docente, el marco con el que el Ministerio pretendía ordenar la carrera profesional del profesorado, el acceso a la función pública docente, los complementos salariales y los límites de la jornada lectiva. Se negociaba con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación y, como recuerdan las organizaciones del sector, es una regulación que lleva un cuarto de siglo pendiente.

Las respuestas sindicales coinciden en el diagnóstico y difieren en la salida. CCOO ha reclamado al Ministerio que convoque con urgencia la Mesa Sectorial para concretar cómo avanzar en lo que queda abierto, incluido el decreto que limita la enseñanza a distancia. CSIF propone aprobar la rebaja de ratios y horas lectivas mediante un real decreto-ley, de forma que pueda convalidarlo la Diputación Permanente del Congreso antes de las elecciones.

Mientras no haya una nueva ley, el tope estatal sigue siendo el que marca la Ley Orgánica de Educación: 25 alumnos por aula en Primaria y 30 en la ESO.