Los centros de formación para el empleo podrán cobrar por adelantado el 80% de la subvención tras la nueva orden del BOE

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 7 de julio de 2026 la Orden TES/679/2026, que modifica el artículo 12.2 de la Orden TMS/368/2019 y multiplica por más de tres el anticipo que las entidades adjudicatarias de subvenciones de formación profesional para el empleo pueden recibir antes de impartir los cursos. El porcentaje máximo pasa del 25% al 80% del importe total concedido, siempre que la entidad comunique la fecha de inicio de la primera acción formativa. La norma entró en vigor el 8 de julio y ya es aplicable a las convocatorias que las administraciones competentes lancen desde esa fecha.

El anticipo pasa del 25% al 80% del importe total concedido

El cambio afecta al sistema de pagos de las subvenciones que financian la oferta formativa dirigida a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Con la nueva redacción, la entidad beneficiaria puede solicitar hasta el 80% del presupuesto del proyecto en cuanto notifica formalmente el inicio del primer grupo o actuación. El 20% restante se libera tras justificar la ejecución del plan de formación, con plazos generales de pago de doce meses y de seis meses cuando se aplican módulos específicos.

Objetivo declarado: aliviar la carga financiera de los centros formadores

La memoria de la orden justifica la modificación por la necesidad de reducir la tensión de tesorería que soportaban las entidades adjudicatarias, obligadas hasta ahora a financiar con recursos propios o crédito bancario la mayor parte del coste de los cursos hasta su liquidación final. El Ministerio de Trabajo y Economía Social sostiene que el modelo anterior había reducido la participación de centros pequeños y medianos en las convocatorias públicas, lo que limitaba la oferta efectiva de plazas subvencionadas para trabajadores y desempleados.

El nuevo esquema pretende ampliar el número de entidades interesadas en concurrir a las licitaciones y, con ello, incrementar el catálogo de acciones formativas disponibles para el conjunto del sistema.

La reforma se apoya en la Ley de Empleo 3/2023

La habilitación normativa para elevar el anticipo procede de la Ley de Empleo 3/2023, que modificó la Ley 30/2015 para permitir estos pagos adelantados. La Orden TES/679/2026 desarrolla ese mandato y se suma a la Orden TES/1582/2025 de diciembre, que ya había introducido cambios en el sistema de financiación de la formación profesional para el empleo.

La coordinación entre ambas piezas normativas cierra un ciclo de reforma iniciado con la aprobación del Real Decreto 659/2023 que ordenó el conjunto del Sistema de Formación Profesional.

Requisitos: comunicación de inicio y exclusión de entidades en concurso

El acceso al anticipo del 80% requiere que la entidad beneficiaria comunique a la administración concedente la fecha exacta de inicio de la primera acción formativa. La orden refuerza además los controles de solvencia: en ningún caso se anticipará el importe a entidades declaradas en concurso de acreedores o con procedimientos concursales en curso, en línea con la normativa general de subvenciones.

Se mantienen las obligaciones de justificación documental, auditoría de la cuenta justificativa y devolución del anticipo cuando no se acredite la ejecución efectiva de la actividad formativa comprometida.

Aplicación inmediata en las convocatorias autonómicas

La entrada en vigor al día siguiente de la publicación permite que las administraciones autonómicas incorporen el nuevo régimen de pagos en las convocatorias del segundo semestre de 2026. Andalucía ya publicó el 3 de julio, cuatro días antes de la orden estatal, una resolución de convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de la oferta formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas por importe millonario, que se acogerá al nuevo umbral de anticipo.

Un mercado con 660.000 personas atendidas al año

El sistema de formación profesional para el empleo en España moviliza cada año en torno a 660.000 personas trabajadoras entre ocupadas y desempleadas, según los últimos datos publicados por Fundae. El sector aglutina a más de 5.000 entidades acreditadas para impartir formación conducente a certificados de profesionalidad. La medida busca ampliar esa base y, según fuentes patronales del sector, se traducirá en una mayor oferta de plazas en especialidades vinculadas a digitalización, transición energética y competencias asociadas a los perfiles industriales más demandados.