Economía
Hacienda fija que las prejubilaciones voluntarias sin despido colectivo tributan en el IRPF
El TEAC establece que las indemnizaciones por planes voluntarios de bajas o prejubilaciones sin despido colectivo no están exentas de IRPF. Qué cambia para empresas y trabajadores.
Las cantidades que cobra un trabajador por sumarse de forma voluntaria a un plan de prejubilaciones o de bajas incentivadas pagan IRPF cuando la empresa no tiene abierto un despido colectivo. Así lo ha establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), el órgano de revisión que depende del Ministerio de Hacienda, en una resolución del 27 de octubre de 2026 que fija criterio para toda la Administración tributaria.
La decisión no crea ningún impuesto ni toca los tipos. Lo que hace es cerrar una interpretación: la exención que la ley del IRPF reserva a las indemnizaciones por despido no se extiende a las salidas pactadas. Para los departamentos de personal y los comités que negocian estos programas, cambia el cálculo de lo que de verdad recibe cada empleado que se acoge a ellos.
La exención de hasta 180.000 euros queda para los ceses involuntarios
La ley del IRPF (Ley 35/2006), en su artículo 7.e), deja libres de tributación las indemnizaciones por despido hasta la cuantía que fija como obligatoria la normativa laboral, con un techo general de 180.000 euros. La misma norma excluye de forma expresa lo que se cobra en virtud de convenio, pacto o contrato. El TEAC aplica esa exclusión a quien se adhiere por propia voluntad a un programa de salidas anticipadas cuando en ese momento no hay ningún expediente de regulación de empleo en marcha.
El criterio del tribunal descansa en la voluntariedad. Si empresa y empleado deciden juntos poner fin a la relación, el contrato se extingue por mutuo acuerdo, el supuesto que el Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 49.1.a), y lo que se paga es un rendimiento del trabajo más. Distinto es el caso de las salidas que se producen dentro de un despido colectivo tramitado conforme al artículo 51 del mismo Estatuto: ahí, aunque el empleado elija adherirse, la reestructuración de la plantilla es la que motiva el cese y el beneficio fiscal puede aplicarse.
El TEAC separa este supuesto de los precedentes del Supremo en la banca
Buena parte de las reclamaciones de prejubilados se apoyaban hasta ahora en sentencias del Tribunal Supremo sobre ajustes de plantilla en entidades financieras. La resolución marca la diferencia: en aquellos asuntos había procedimientos colectivos que condicionaban las opciones de los trabajadores, de modo que la adhesión al plan no podía considerarse del todo libre. En el caso examinado no existía ese marco.
La indemnización tributa con la reducción del 30% si se cumplen los requisitos
Quedar sujeto al impuesto no significa perder toda la cantidad. El importe se integra en la base con el resto de rendimientos del trabajo y la factura final depende de los ingresos del año, de la situación personal y del resto de circunstancias fiscales de cada contribuyente. La normativa permite, además, aplicar en muchos casos una reducción del 30%, siempre que la indemnización cumpla las condiciones que marca la ley.
El criterio obliga a la Agencia Tributaria, pero no a los jueces
Al tratarse de doctrina del TEAC, tanto la Agencia Tributaria como los órganos económico-administrativos de cada región tienen que seguirla en adelante. Los jueces, en cambio, no quedan vinculados, de modo que el contribuyente que discrepe todavía puede llevar su caso a los tribunales.
Para las compañías que recurren a las bajas incentivadas para reducir plantilla, la consecuencia práctica es clara: el trato fiscal de lo que cobra cada empleado depende de que el plan forme parte o no de un despido colectivo, y ese dato condiciona el importe neto que el trabajador se lleva al aceptar la oferta.