Economía
Las ofertas de empleo tendrán que publicar el sueldo y las empresas de 100 trabajadores, justificar brechas salariales del 5%
El RDL 39/2026 obliga a publicar el sueldo en las ofertas de empleo, baja al 5% el umbral para justificar brechas en empresas de 100 trabajadores y eleva las multas hasta 7.500 euros.
El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el Real Decreto-ley 39/2026, aprobado el martes en Consejo de Ministros, que cambia la forma en que las empresas fijan, documentan y comunican los sueldos. Entra en vigor el jueves 19 de noviembre y traslada al derecho español la directiva europea de transparencia retributiva de 2023, además de completar la de condiciones laborales previsibles de 2019. Al ser un decreto-ley, la Diputación Permanente del Congreso tendrá que convalidarlo.
Las ofertas de empleo deberán incluir el sueldo de entrada y el convenio
Cada anuncio de vacante tendrá que indicar la retribución inicial del puesto, fijada con criterios objetivos y neutros, y el convenio colectivo aplicable. Ni la empresa ni las agencias de colocación podrán preguntar a un candidato cuánto cobra o cobraba antes. Las denominaciones de los puestos deberán ser neutras en cuanto al género, también cuando la selección se apoye en algoritmos. La regla rige para empresas privadas y para las administraciones.
Cualquier empleado podrá pedir por escrito la media salarial de su categoría
El Estatuto de los Trabajadores incorpora un derecho individual de información: cada trabajador podrá solicitar por escrito su retribución desglosada en salario base y complementos, junto con la media anual y por hora, separada por sexo, de quienes desempeñan su mismo trabajo o uno equivalente. La empresa tendrá dos meses como máximo para responder y quince días para aclarar los datos incompletos, y deberá recordar a la plantilla ese derecho al menos una vez al año. Quien deje la compañía podrá pedir la información durante el año siguiente a su salida. Las cláusulas que prohíban a un empleado contar lo que gana quedan anuladas.
Las compañías tendrán que explicar a su personal los criterios con los que fijan los sueldos y los niveles de cada puesto y, a partir de 50 empleados, cómo se asciende en la escala salarial.
Las brechas del 5% habrá que justificarlas a partir de 100 trabajadores
El registro retributivo, con la media y la mediana por sexo de cada concepto, ya exigía una justificación cuando el sueldo medio de un sexo superaba al del otro en un 25% en empresas de al menos 50 personas. Ahora ese umbral baja al 5% en las plantillas de 100 trabajadores o más, lo que obliga a explicar casi cualquier desviación. Las diferencias sin causa objetiva tendrán que corregirse en seis meses como máximo con la representación laboral.
Las empresas de 50 o más empleados enviarán sus indicadores de brecha a una nueva comisión tripartita adscrita al Ministerio de Trabajo: cada año si superan los 249 trabajadores y cada tres si están por debajo. El primer envío vence el 8 de junio de 2027 para las de 150 trabajadores o más y el 8 de junio de 2031 para las de 50 a 149.
Las multas por no informar del contrato se multiplican por diez
No entregar por escrito los elementos esenciales del contrato, incumplir los planes de igualdad o el registro retributivo y no dar a los candidatos la información obligatoria pasan de faltas leves a graves, lo que eleva el tope de la sanción de 750 a 7.500 euros. Serán muy graves las represalias contra quien reclame, pedir datos prohibidos en una selección y discriminar en el acceso al empleo. El plazo para reclamar por discriminación salarial se amplía a tres años desde que cesa la situación.
En la contratación pública, la administración podrá resolver un contrato o una concesión si el adjudicatario incurre en discriminación retributiva declarada en firme o desatiende de forma reiterada los requerimientos para cumplir sus obligaciones de transparencia.
El periodo de prueba queda limitado a seis meses para titulados y dos para el resto
El deber de informar por escrito de las condiciones se extiende a todos los contratos, sin el mínimo de cuatro semanas que fijaba la norma anterior. Las horas complementarias del tiempo parcial deberán avisarse con tres días de antelación y, si la empresa las cancela, tendrá que pagarlas. El periodo de prueba no podrá pasar de seis meses para técnicos titulados ni de dos para el resto, o de tres en compañías con menos de 25 empleados, salvo que el convenio justifique otra duración.