Las recientes sanciones de Estados Unidos contra Cuba, impulsadas por la administración de Donald Trump, han generado inquietud entre las empresas españolas con intereses en la isla. Las nuevas restricciones, que entrarán en vigor el 5 de junio, amenazan con imponer multas millonarias a las compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con Gaesa, un conglomerado militar que controla cerca del 40% de la economía cubana. Este desarrollo representa un reto considerable para las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar, que operan numerosos establecimientos en Cuba a través de Gaviota, una filial de Gaesa.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., firmó en mayo una directiva que restringe el impacto de las sanciones a cinco sectores: energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad. No obstante, los asesores legales de las empresas españolas advierten que esta regulación podría extenderse a cualquier sector que «trafique» o intercambie bienes con el gobierno cubano. Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen en Iberia, señala que «ninguna entidad bancaria con presencia o intereses en Estados Unidos querrá asumir el riesgo de intermediar en pagos que involucren a un designado por Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad de su cliente».
El acceso restringido al crédito bancario se perfila como el principal obstáculo para las empresas hoteleras españolas, superando incluso la amenaza de sanciones directas. Aparicio anticipa una desaceleración en nuevas inversiones, ajustes societarios para reducir la exposición directa y una mayor cautela en la cadena financiera. La situación económica de Cuba, ya comprometida por el embargo estadounidense y la crisis de suministro de petróleo proveniente de Venezuela, ha impactado de manera severa el mercado turístico, lo que ha llevado a Meliá a reducir su capacidad operativa al 50%.
En 2024, las exportaciones españolas a Cuba alcanzaron los 870 millones de euros, posicionando al país en el puesto 51 entre los clientes de España. Sin embargo, el deterioro económico y el endurecimiento del embargo han afectado gravemente los flujos de mercancías y las inversiones. La aseguradora de crédito Cesce ha dejado de ofrecer cobertura a las operaciones comerciales en la isla, lo que refleja la creciente incertidumbre. Más de 280 pymes españolas están presentes en Cuba, principalmente en los sectores del tabaco, los servicios financieros y el comercio mayorista.
Las restricciones de la Ley de Inversión Extranjera de Cuba
Promulgada en 2014, la Ley de Inversión Extranjera de Cuba establece un marco de empresa mixta que dificulta la salida unilateral de las empresas extranjeras. Según Aparicio, cualquier desinversión necesitaría la aprobación del Estado cubano, lo que convertiría el proceso en una negociación prolongada y potencialmente costosa. A pesar de las dificultades, el socio ejecutivo de Andersen considera improbable una retirada masiva, aunque prevé ajustes en la exposición de las empresas y la búsqueda de divisas alternativas al dólar.
La Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, promovida por Foment del Treball, estima que las deudas del gobierno cubano con empresas españolas superan los 316 millones de euros. Este entorno financiero desfavorable, sumado a las nuevas sanciones estadounidenses, sugiere una «invitación a salir de la isla» para las empresas españolas, según un responsable de una de las compañías afectadas.
El futuro de las empresas españolas en Cuba dependerá de su capacidad para adaptarse a las restricciones financieras y regulatorias impuestas por Estados Unidos, así como de la evolución de la situación económica en la isla. La búsqueda de soluciones alternativas y la gestión prudente de sus operaciones serán claves para mitigar el impacto de las sanciones y proteger sus inversiones en el país caribeño.
Periodista económica con 12 años cubriendo fiscalidad, autónomos y emprendimiento. Especializada en cómo se traducen los cambios normativos a la cuenta corriente del lector.
Comentarios del Artículo