La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha promovido, junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Ávila (ICAAVILA), la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de una Clínica Jurídica en la Universidad. Un proyecto que tiene como objetivo facilitar la actividad pro bono de profesionales de la abogacía vinculados al ICAAVILA y desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio que redunde en beneficio de la formación de futuros juristas comprometidos con la cultura jurídica y con la transformación social.
Esta Clínica Jurídica llega tras varios años de trabajo por parte de la UCAV en proyectos de simulación jurídica y con su creación se pretende que los alumnos del Grado en Derecho y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado –como futuros abogados- puedan complementar el estudio de las asignaturas con un componente práctico de la mano de profesionales y operadores jurídicos, de la misma manera que servirá como oportunidad para aprender ayudando a otros.
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Dra. Lourdes Miguel, ha destacado que con esta Clínica Jurídica se busca “crear un espacio para la acción social a través del Derecho y cumplir con un marcado objetivo formativo”. Además, ha señalado que estas actividades de asesoramiento jurídico a personas de colectivos vulnerables y desfavorecidos “se concretarán con las Instituciones y Organizaciones colaboradoras para que los estudiantes puedan profundizar en problemas derivados de las realidad de distintos contextos sociales y puedan reforzar así sus conocimientos teórico-prácticos, así como puedan dar respuesta, en un primer acercamiento y asesoramiento y a la luz de los valores constitucionalmente protegidos, a los intereses legítimos de todos aquellos grupos que se puedan encontrar en condiciones de mayor vulnerabilidad”.
Por su parte, la decana del ICAAVILA, Dª Raquel Sánchez, ha valorado positivamente la firma de este convenio entre ambas instituciones que servirá, por una parte, para mejorar la formación de los futuros abogados; y por otra, asegurar el asesoramiento jurídico de todas las personas, especialmente de “aquellos grupos que están en riesgo de exclusión social y no estén amparados dentro de la justicia gratuita, porque si bien es cierto que el sistema de justicia gratuita es muy bueno –ha expresado Sánchez- hay determinados supuestos que no están cubiertos y no están amparados”.
En este sentido, Sánchez ha aclarado que “no se pretende sustituir este sistema, sino complementarlo”.
