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El Consejo de Ministros remató hace una semana la letra pequeña de la reforma hipotecaria que entrará en vigor en junio con un desarrollo reglamentario, vía real decreto ley y orden ministerial de Economía, que concretan la información precontractual que debe recibir el cliente, acotan la publicidad que puede emitir la banca y fija la formación exigible a quienes comercializan o asesoran sobre estos préstamos. Aunque las entidades financieras tienen mes y medio para adaptarse a la nueva ley de crédito inmobiliario, el Gobierno le ha concedido otro tanto adicional –hasta mediados de julio–para cumplir estos últimos requisitos de formación y transparencia.

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